Otra vez: Coronel Rafael Núñez de Aza y otros oficiales, «cerebros financieros» en fraude detectado en CONANI
La Camara de Cuentas de la República (CCRD) confirmó en una investigación Especial practicada al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), que el coronel Rafael Núñez de Aza y otros oficiales fueron los «cerebros financieros» en las operaciones fraudulentas detectadas en esa entidad, como había adelantado la Procuraduría General de la República (PGR).
Núñez de Aza, brazo derecho del mayor general Adán Cáceres Silvestre, era el director financiero en Conani donde la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha destapado indicios graves de corrupción en la gestión de Greybby María Cuello Coste.
El informe de la Investigación Especial revela que el coronel de Aza y un grupo de oficiales del área administrativa manejaron a discreción RD$ 665, 131,554, de los cuales se ejecutaron gastos administrativos por RD$ 404, 289, 188, durante el periodo abril -agosto de 2020.
Además de Núñez de Aza, los fondos de la entidad fueron operados por los oficiales Roberto Acebedo Tejada, director administrativo y financiero; Rafael Arturo Vargas de Aza, encargado de la Sección de Compras; Diomedes Alian Mejía Herrera, encargado de Almacén y Suministro; José Javier Rosario Pimentel, encargado del Departamento administrativo de la referida entidad.
Como los nombramientos de militares en puestos administrativos de instituciones civiles son prohibidos por el Ministerio de Administración Pública y la Contraloría General de la República, la administradora de Conani decidió hacer nombramientos falsos como encargados regionales de seguridad, pero desempeñando las misma funciones financieras.
Las designaciones de militares en puestos financieros fueron autorizadas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, sin la debida autorización de la Contraloría General de la República ni del Ministerio de Administración Pública, refiere el informe de la CCRD.
Estos oficiales encabezados por el coronel Núñez de Aza, también administraban presupuestos de otras entidades oficiales como el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y de la Seguridad Turística, entre otras instituciones que igualmente presentan irregularidades en sus operaciones financieras.
Los que manejaron las áreas administrativas y financieras del Conani son responsables, según el órgano fiscalizador, por las irregularidades detectadas en la investigación Especial como:
La entidad inició procesos de compra previo a resolución de urgencia por parte de la máxima autoridad, por montos de RD$44,245,930 y 10,119,217.
Se evidenciaron contrataciones de urgencia sin informe pericial previo y sin remitir los informes a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, por el monto de RD$54,365,147.
Se evidenciaron contrataciones sin certificación de la DGII y certificación de la TSS, por el monto de RD$91,473,334.
Se observaron procesos celebrados sin póliza de seriedad de la oferta ascendentes al monto de RD$13,105,227.
La entidad adjudicó a proveedores de forma recurrente por el monto de RD$75,070,014.
Se verificó que el Comité de Compras y Contrataciones estuvo presidido por personal sin evidencia de designación.
Se observaron procesos de compra con ausencia del acta de declinación.
Se evidenciaron contrataciones firmadas con fecha superior al límite contemplado en la legislación, ascendentes al monto de RD$1,343,732.
Se evidencióasignación de combustible y viáticos a personal que no estaba nombrado en la entidad, ascendente a la suma de RD$170,000 y RD$450,400.
Se identificaron compras realizadas de manera fraccionada por el monto de RD$412,757.
Se evidenció incumplimiento de procedimientos de almacén en expedientes de adquisiciones y pagos por el monto de RD$43,856,719.
La entidad adquirió artículos comestibles, sin evidencia de ser recibidos por el beneficiario, ascendentes al monto de RD$2,877,760.
El coronel Núñez de Aza guaRda prisión preventiva en la cárcel de Najayo, implicado en la operación G5 que tiene como acusado principal al mayor general Adán Cáceres Silvestre por delitos de corrupción, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, apropiación de bienes públicos y otros delitos penales
