Inicia preliminar contra policías por agresión en Canódromo

Tras superar los incidentes que impedían que el proceso arrancara, ayer inició formalmente la audiencia preliminar contra los policías implicados en la agresión al titular del Defensor del Pueblo y miembros de la prensa en el Canódromo.

Por mandato del juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público presentó su escrito acusatorio contra la coronela Ysabelita De los Santos Pérez,cinco agentes policiales y un civil, con cuyo paso se dio inicio al proceso.

Luego de leer al magistrado los argumentos que tienen para acusar a los imputados, el órgano persecutor solicitó que sean enviados a juicio de fondo.

Durante la audiencia, los abogados del Defensor del Pueblo también presentaron su querella con constitución en actor civil.

La vista fue recesada para el jueves en la tarde, día en el cual las defensas de los imputados comenzarán a presentar sus alegatos.

El hecho en el que se agredió el titular del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y personal de la institución ocurrió el 11 de abril. También se atacó a reporteros de Listín Diario y CDN. El hecho sucedió cuando se realizaba una inspección en el Centro de Retención Vehicular “Canódromo El Coco”.

En este caso, además, el Ministerio Público, pide al tribunal que se le imponga garantía económica a los imputados. También presentación periódica e impedimento de salida del país a la coronela y los demás los imputados.

Los implicados en agresión en el Canódromo
Los implicados son la coronela Ysabelita De los Santos Pérez, quien era la encargada del Canódromo, los agentes Geraldina de los Santos, Marisol Vargas y Javier Natanael.

También, los policías Ronny Recio Rosario, Carlos Borque Paulino, Braulio Pérez, y Starling Antonio Ramírez Sierra, quien de acuerdo a lo informado, había sido retirado de la Policía, pero estaba al servicio de la coronela.

El Ministerio Público acusa a los imputados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano. Como también la Ley 153-07, sobre delitos de alta tecnología y los artículos 49 y 190 191 de la Constitución.

 

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