Presidente Perú es sometido a un interrogatorio
El mandatario Pedro Castillo es acusado de tráfico de influencias, encubrimiento personal y organización criminal
El presidente de Perú, Pedro Castillo, reiteró ayer, lunes, su inocencia ante la fiscal que lo investiga por presunta corrupción, mientras crece la presión judicial a su Gobierno con la inclusión de su primer ministro y del responsable de Justicia en uno de los casos abiertos en su contra.
El jefe de Estado acudió este lunes en la mañana a la sede del Ministerio Público, en Lima, donde había sido citado por la fiscal general, Patricia Benavides, para responder por tres de los seis casos que tiene abiertos en su contra por presunto tráfico de influencias, encubrimiento personal y organización criminal.
Durante la diligencia, que se extendió por unas tres horas, Castillo no respondió a las preguntas que le hizo la fiscal y solo prestó su versión voluntaria.
De ese modo, replicó la estrategia que ya había usado en los anteriores interrogatorios por los casos relacionados con presuntas irregularidades en ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
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El mandatario, según señaló en declaraciones a los medios, se limitó a negar y rechazar “tajantemente las imputaciones” y se comprometió a declarar nuevamente una vez la fiscal haya acopiado toda la información de los casos.
“Vamos a seguir dando la cara, iremos, acá, donde nos llamen. Estamos tranquilos y vamos a seguir trabajando”, apostilló desde las puertas del Palacio de Gobierno.
En la misma línea se expresó su abogado más mediático, Benji Espinoza, quien aseguró que Castillo “es completamente inocente de todos los cargos que falsamente se le atribuyen».
El gobernante está siendo investigado preliminarmente por la salida del exministro del Interior Mariano González, por presuntas irregularidades en la compra de biodiésel y por ser líder de una supuesta organización criminal en el Ejecutivo.
Según la tesis fiscal, esta presunta red corrupta tenía como objetivo, supuestamente, posicionar a personas de confianza del entorno presidencial en puestos clave para después otorgar fraudulentas licitaciones de obras públicas.
