Lionbridge Capital, una compañía constituida cuatro meses antes y con un capital de solo RD$100 mil, recibió sin licitación pública del Estado dominicano un contrato de US$22.8 millones (unos RD$868.5 millones, al cambio del Banco Central del 8 de agosto de 2011, fecha de la firma) para operar el Sistema Nacional de Armas (SISNA). Catorce años después de la firma, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) no pudo comprobar el destino de los US$16.7 millones que el Ministerio del Interior y Policía (MIP) le pagó, porque faltan los documentos de respaldo.
El informe final de la Cámara, fechado el 10 de abril de 2025 y firmado por la supervisora Yasmin Jiménez y el director general de Auditoría Externa, Fabio Roa, abarca de marzo de 2011 a septiembre de 2023. Los auditores documentan en él doce hallazgos. Tres de ellos presentan, además, indicios de responsabilidad penal.
La investigación comenzó con una solicitud fechada el 28 de julio de 2022. La firmó el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho, entonces titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y, desde marzo de 2025, director general de Persecución del Ministerio Público. Camacho pedía revisar el período de marzo de 2011 a agosto de 2016; el Pleno de la Cámara lo amplió hasta el 18 de septiembre de 2023.
Para sustentar sus hallazgos, los auditores de la Cámara de Cuentas, en su calidad de órgano de control externo, aplicaron técnicas de auditoría conforme a su guía para informes de auditoría, estudios e investigaciones especiales. Analizaron los libramientos suministrados por Tesorería del MIP, el contrato y sus propuestas, y las comunicaciones de las direcciones Jurídica, Financiera, de Tecnología y de Tesorería; también consultaron a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y entrevistaron a un directivo de la compañía, además de recibir las réplicas de los exministros, de la ministra actual y de la empresa suplidora.
Una compañía recién nacida para un contrato millonario
images-2026-11-19T182451.074-728x411La empresa suplidora, Lionbridge Capital, fue constituida el primero de abril de 2011 con RD$100 mil de capital suscrito y pagado. Cuatro meses más tarde, el 8 de agosto, se firmó el contrato. Según el análisis documental de los auditores, no se evidenció que la compañía tuviera la experiencia operativa, los medios físicos ni los recursos financieros que exige el artículo 8 de la Ley número 340-06. De su lado, la Dirección Jurídica del MIP respondió a los auditores: “No tenemos evidencia, en el expediente que reposa en esta Dirección Jurídica”.
Con el contrato ya en marcha, la compañía cambió de forma. El 7 de marzo de 2014, uno de sus accionistas, Samuel de Moya Chico, vendió cien acciones a Antonio Valerio Chico; veintiún días después hubo un aumento de capital, se modificaron los estatutos y la compañía pasó de S. R. L. a S. A. S.
Según el informe, el contrato de concesión número CS-107/2011 se firmó el 8 de agosto de 2011, aunque en un pasaje aparece el 11 de agosto. Su plazo inicial de diez años empieza a contar desde que la empresa suplidora recibe el último pago del precio, algo que nunca ocurrió. Pese a ello, el cuadro del informe fija la vigencia entre el 8 de agosto de 2011 y el 18 de septiembre de 2023, fecha en que cierra el período auditado.
Quién debía qué en el contrato
El contrato distribuye las tareas entre las dos partes. La empresa suplidora («la segunda parte») debía ejecutar el proyecto del SISNA y operarlo como concesión, pagar las renovaciones de licencias de software, contratar por su cuenta las pólizas de seguro del centro de captura y entregar al MIP los casquillos y las balas una vez concluida la captura.
El Ministerio, por su parte, debía pagar el precio en las cuotas pactadas y custodiar y catalogar esos casquillos y balas. Ambos debían acordar los protocolos de ejecución en 45 días y designar a sus gerentes de proyecto. Según la defensa del exministro Fadul, el contrato también establece que los equipos pertenecen al MIP y, por tanto, al Estado.
El contrato ha pasado por tres gobiernos. Se firmó bajo Leonel Fernández (2004-2012), quien otorgó el Poder Especial número 155-11; los pagos de 2012 se hicieron antes del 16 de agosto de ese año. Bajo el primer mandato de Danilo Medina (2012-2016) se abonaron los de 2013 a 2015, el último el 10 de septiembre de 2015.
Amarante Baret fue ministro entre agosto de 2016 y agosto de 2018, ya en el segundo mandato de Medina (2016-2020), y afirma que en su gestión no hubo pagos, lo que concuerda con el cuadro del informe. Con Luis Abinader (desde 2020) tampoco se ha vuelto a pagar. Estos períodos presidenciales no figuran en el informe de la investigación especial: se incorporan aquí como contexto, a partir de las fechas de los pagos y los cargos que menciona el documento.
Una concesión que omitió la licitación
La Ley número 340-06 establece la licitación pública nacional o internacional como “único procedimiento de selección” para las concesiones. Según el ente fiscalizador, el MIP la omitió (hallazgo 3.2.2, uno de los tres con indicios de responsabilidad penal). La Dirección Jurídica del MIP argumentó que se trató de una contratación directa amparada en una declaratoria de emergencia, y Tesorería admitió ante los auditores que ninguna otra oferta fue evaluada.
Según los documentos analizados por la Cámara de Cuentas, tampoco se hallaron la resolución del órgano rector ni el decreto del Poder Ejecutivo que, según el artículo 50 de la ley, perfeccionan legalmente una concesión de más de cinco años. La Dirección General de Contrataciones Públicas certificó a los auditores que no tiene registros de la comunicación número 002207, que la defensa del exministro José Ramón Fadul invoca como respaldo. Los auditores observaron, además, que el contrato carecía de la cláusula fundamental sobre transferencia de la concesión.
Pagos tardíos y saldo pendiente.
Según el análisis de los libramientos suministrados por Tesorería, el MIP pagó US$16.7 millones (RD$685 millones) en 15 libramientos entre 2012 y 2015. Los auditores determinaron que el primer pago llegó 165 días después de la fecha pactada. Conforme a los documentos, quedan sin pagar US$6.08 millones (RD$384.9 millones al cambio del 20 de marzo de 2025), correspondientes al saldo de la tercera cuota y a la cuarta. Presupuesto, Jurídica y Tesorería declararon a los auditores desconocer por qué se suspendieron los pagos.
Ese primer pago, correspondiente al 30 % del precio (US$6.84 millones), debía hacerse a más tardar 30 días después de la firma, es decir, el 8 de septiembre de 2011; el primer cheque salió el 20 de febrero de 2012. El contrato advertía, además, que cualquier atraso superior a 30 días suspendía las obligaciones de la empresa suplidora hasta que se pagara. De los RD$685 millones desembolsados, las retenciones del MIP sumaron RD$25.2 millones y el monto neto fue de RD$659.8 millones.
Los libramientos 287-1 y 3051-1, por RD$90 millones, presentan además expedientes incompletos, un problema de documentación que se detalla en la sección sobre los documentos que el MIP no suministró.
Visto año por año, el Estado desembolsó RD$685 millones (US$16.7 millones) en 15 desembolsos repartidos entre febrero de 2012 y septiembre de 2015. Solo en 2012 salieron RD$300 millones: cinco cheques de RD$20 millones cada uno y un libramiento de RD$200 millones el 25 de julio, el mayor de todos (US$5.11 millones).
En 2013 se pagaron RD$201 millones, en 2014 otros RD$134 millones y en 2015 el último, de RD$50 millones; desde entonces no se ha pagado más. Lo adeudado, US$6.08 millones (RD$384.9 millones al cambio del 20 de marzo de 2025), se compone de US$1.52 millones que faltan de la tercera cuota y US$4.56 millones de la cuarta; sumado a lo pagado, completa los US$22.8 millones del contrato.
RD$1,565 millones antes del inicio contractual
De acuerdo con la información suministrada por la propia compañía y analizada por los auditores, entre octubre de 2013 y septiembre de 2023 la compañía generó RD$1,564.9 millones por el servicio de huellas balísticas. Según el contrato, los diez años de concesión se cuentan desde que la empresa suplidora recibe el último pago, que nunca se completó.
El ente fiscalizador concluye que la compañía operó sin el debido sustento contractual y con riesgos para el patrimonio público. Fadul replicó que los ingresos por tarifas estaban previstos en el modelo concesional y que su sola existencia no demuestra una irregularidad.
Los ingresos cuentan una historia paralela. En el primer tramo, de octubre a diciembre de 2013, la compañía generó RD$30.9 millones. En 2014 llegó a su máximo, con RD$199,7 millones, y se mantuvo entre RD$161 y RD$187 millones anuales hasta 2019. Después bajó: RD$111.9 millones en 2020, RD$124.7 millones en 2021, RD$125.5 millones en 2022 y RD$89.1 millones en 2023, que solo recoge hasta septiembre.
En el detalle mensual, el mejor mes fue noviembre de 2018, con RD$27.3 millones. El peor fue abril de 2020, sin ingresos, y en mayo de ese año solo entraron RD$1.8 millones. Los registros de octubre a diciembre de 2023 aparecen en cero porque la información termina en septiembre.
Documentos que el MIP no entregó
Según la investigación especial, el MIP no entregó, entre otros, el expediente de adquisición de los equipos, el auxiliar de activos fijos, el inventario actualizado, los soportes de ingresos por licencias de armas, la designación del gerente del proyecto y las razones por las que se suspendieron los pagos. Sin ellos, los auditores no pudieron comprobar el manejo y destino de los US$16.7 millones pagados. Este es el hallazgo 3.1.4, uno de los tres con indicios de responsabilidad penal que se detallan más adelante.
Entre esos documentos faltantes figuran los de dos pagos concretos. Los libramientos 287-1 y 3051-1, por RD$90 millones, carecen de factura, de autorización de la empresa suplidora para la transferencia y de constancia de recepción del bien. Según Presupuesto, en 2017 las autoridades del Despacho retiraron la documentación para analizar las deudas y, al devolverla al área financiera, “esos dos libramientos no vinieron completos”.
En su réplica a este hallazgo, Fadul respondió, uno por uno, a los 15 requerimientos y reconoció que dos requieren todavía soporte específico: el informe de auditoría de la fase de levantamiento y la recepción de casquillos y balas tras la captura. Aun así, pidió que se excluyera toda atribución de responsabilidad administrativa, civil o penal fundada en la falta de localización de documentos.
Pólizas sin evidencia y cambio de proveedor
En su verificación de los documentos suministrados, los auditores no encontraron evidencia de las pólizas de responsabilidad civil, incendio, robo y fidelidad que el contrato exigía para proteger el centro de captura y los equipos entre 2016 y 2023.
Además, en entrevista con los auditores, el director de Tecnología de la compañía informó que el subsistema biométrico CAPFIS se compró a Neurotechnology y no a Cogent Systems, como establecía la propuesta. El informe recomienda formalizar este tipo de cambios mediante una adenda que explique sus razones. La compañía dijo haber enviado al MIP una comunicación sobre las ventajas de una plataforma más actualizada, pero la Cámara concluyó que la empresa suplidora no aportó evidencias suficientes para justificar el cambio.
Tres hallazgos con indicios penales
Más allá de lo administrativo, tres de los doce hallazgos presentan indicios de responsabilidad penal que el informe de la Cámara de Cuentas propone remitir al Ministerio Público; son indicios, no condenas. El 3.1.4, por los documentos que el MIP no suministró, se apoya en la Ley número 481-08 de Archivos y en los artículos 254 y 255 del Código Penal, e impidió comprobar el manejo y destino de los US$16.7 millones pagados.
El 3.2.2, la concesión sin licitación, y el 3.2.5, la concesión sin perfeccionamiento legal, se apoyan en la Ley número 340-06 y en los artículos 123 y 124 del Código Penal: la ley fija la licitación pública como único procedimiento para las concesiones y no se hallaron ni la resolución del órgano rector ni el decreto del Poder Ejecutivo que perfeccionan una concesión de más de cinco años.
Frente a esos hallazgos, el exministro José Ramón Fadul sostiene que el retraso en los pagos respondió a una cadena presupuestaria compleja y que la contratación contó con decreto de emergencia (Decreto número 269-11), opinión de la DGCP y Poder Especial presidencial número 155-11.
Por su parte, el exministro Carlos Amarante Baret afirma que asumió en 2016, cuando el contrato ya tenía cinco años, y que durante su gestión no se hicieron pagos. A su vez, la actual ministra, Faride Raful, no reconoce el saldo como deuda líquida, cierta, vencida y exigible, pero admite que el expediente no está completo y anuncia su reconstrucción. Y la compañía dijo haber solicitado a la Superintendencia de Seguros una certificación sobre las pólizas, aún pendiente.
Ante esas réplicas, la Cámara de Cuentas respondió que mantiene los hallazgos porque los argumentos no estuvieron acompañados de evidencias documentales suficientes, pertinentes y verificables. En varios casos añadió que los documentos aportados eran los mismos que ya había analizado durante la investigación.
Lo que queda en el aire
Por ahora, el informe de la Cámara de Cuentas exige un Plan de Acción Correctivo en 25 días hábiles, pero siguen sin respuesta tres asuntos de fondo: por qué la empresa suplidora, cuya experiencia no se evidenció, recibió una concesión de diez años sin licitación pública, dónde están los documentos que respaldan US$16.7 millones y quién responde por una operación que generó más de RD$1,564 millones sin contrato plenamente vigente.
Los doce hallazgos comprometen la responsabilidad administrativa prevista en el artículo 47 de la Ley número 10-04, según el cuadro de conclusiones del informe. Los tres que además presentan indicios penales (3.1.4, 3.2.2 y 3.2.5) se detallaron antes de las réplicas.
El informe precisa los períodos: los indicios del hallazgo 3.1.4 abarcan del primero de marzo de 2011 al 18 de septiembre de 2023; los de 3.2.2 y 3.2.5, solo del primero de marzo al 31 de agosto de 2011. Además, el informe recuerda que la autoridad competente puede imponer multas de entre cien y quinientos salarios mínimos del sector público por las faltas administrativas.
Sobre esos mismos tres hallazgos, las defensas siguen caminos distintos. Fadul sostiene que la falta de documentos puede suplirse con otras pruebas, que la contratación se amparó en la emergencia declarada en 2011 y que existían una opinión de la DGCP y un poder presidencial. Amarante Baret insiste en que llegó cinco años después de la firma y no intervino en la contratación.
Raful reconoce que el expediente está incompleto y pide examinar el régimen jurídico de 2011. En cada caso, la Cámara de Cuentas mantiene el hallazgo porque no se aportaron pruebas suficientes y, en los dos hallazgos legales, porque los documentos presentados ya habían sido analizados.
Las posturas de los tres responsables tienen un punto en común: sitúan la responsabilidad en otra etapa o en otra administración, ya sea la cadena presupuestaria, el régimen de emergencia de 2011 o la fecha de su designación. La Cámara responde con un mismo argumento: lo presentado no basta para desvirtuar los hechos.
Fadul invoca documentos que, según los auditores, ya habían sido analizados; Amarante Baret se desmarca del contrato sin entrar a refutar los hallazgos de fondo; y Raful admite que el expediente está incompleto, aunque aún no aporta lo que falta. Ninguna de las tres posturas ha logrado ubicar el grueso de los documentos que el informe no encontró, y ese sigue siendo el asunto sin resolver.
