nuevo procedimiento, que abarca requisitos como residencia continua y ausencia de antecedentes, podría modificar la situación de cientos de migrantes provenientes mayoritariamente de Honduras y Nicaragua; también beneficiaría a salvadoreños y guatemaltecos.
El proceso de regularización extraordinaria, iniciado este 16 de abril, fue diseñado para atender las condiciones de hasta 500.000 personas en situación irregular, indicaron las autoridades españolas.
Más de 120,000 centroamericanos en situación irregular se encuentran ante una oportunidad inédita para regularizar su estatus migratorio en España, luego de la aprobación de un proceso extraordinario que se extenderá hasta finales de junio de 2025. La medida, impulsada por el Gobierno español mediante un real decreto del 14 de abril con vigencia a partir de este 16 de abril, tiene como finalidad afrontar una problemática estructural que afecta a 840,000 extranjeros sin documentación, ofreciendo una vía legal que puede modificar el escenario migratorio, según informó el portal Centroamérica 360.
En este universo de potenciales beneficiarios, destacan los nacionales de Honduras y Nicaragua, con un total combinado cercano a 119,000 personas. Según datos de la fundación Funcas, un centro de análisis económico español, los hondureños suman aproximadamente 90,294 individuos, siendo el tercer grupo nacional más numeroso entre la población en situación irregular, mientras que los nicaragüenses llegan a 28,894 personas, cifra que podría superar las 40,000 si se incluyen solicitudes de asilo actualmente en trámite, indica la publicación.
A estos colectivos se suman migrantes procedentes de El Salvador, Guatemala y Panamá. Si bien las cifras oficiales recientes son escasas, se estima que estos países aportarían otros 20,000 posibles beneficiarios, de acuerdo con el mismo medio.
La población salvadoreña en España ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos cinco años: actualmente residen 37,949 personas de El Salvador en territorio español, cifra que prácticamente duplica el registro de 2019. Este fenómeno migratorio reciente, según los datos de 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE) consignados por el medio Voz Pública, no solo evidencia una migración de carácter económico, sino que muestra rasgos demográficos concretos y nuevas dinámicas en la comunidad.
El crecimiento registrado supone un incremento de 17,591 salvadoreños entre 2019 y 2023, pasando de 20,358 a casi 38,000 habitantes, un volumen equiparable al de localidades como Antiguo Cuscatlán, Sensuntepeque o La Unión en El Salvador, según precisa el censo de población de 2024 citado por Voz Pública. A este ritmo, las remesas enviadas desde España podrían alcanzar USD 62 millones en 2025, triplicando el monto reportado seis años atrás, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva citadas por el medio.
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El proceso de regularización extraordinaria, que inicia este 16 de abril, fue diseñado para atender las condiciones de hasta 500,000 personas en situación irregular, de las cuales, según Centroamérica 360, el 91% corresponde a migrantes latinoamericanos. Los requisitos principales establecidos en el decreto incluyen haber ingresado a territorio español antes del 31 de diciembre de 2025, demostrar al menos cinco meses de residencia continuada, carecer de antecedentes penales y no implicar un riesgo para el orden público.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el organismo oficial, y el Observatorio Permanente de la Inmigración, las comunidades centroamericanas han experimentado un crecimiento sostenido desde 2018, debido a factores políticos, económicos y sociales. El medio indica que el impacto social será especialmente relevante en el caso de hondureños y nicaragüenses, cuya migración reciente responde a contextos internos de inestabilidad.
El artículo aborda el alcance y los requisitos del proceso extraordinario vigente: España abrió en abril de 2025 un proceso excepcional de regularización migratoria destinado a extranjeros en situación irregular, que podría beneficiar particularmente a más de 120,000 centroamericanos, principalmente hondureños y nicaragüenses, bajo requisitos de residencia mínima, ingreso previo a 2026 y ausencia de antecedentes penales.
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