Condenados a 40 años de prisión dos de cinco imputados muerte ejecutiva bancaria en San Isidro
El Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, condenó a 40 años de prisión a dos de cinco imputados en la muerte durante un robo de una ejecutiva bancaria, suceso ocurrido en enero del 2020, en el residencial Las Acacias II del sector San Isidro, en Santo Domingo Este,
Los condenados cada uno a 40 años de prisión son Geury Antonio Pascual (a) Fermín y/o Geury y Yeury López y/o Yanderl Alcántara Rodríguez, de 25 y 26 años de edad, respectivamente; el primero domiciliado en el sector Villa Liberación y el segundo en sector Los Gemelos, en Guachupita, en el Distrito Nacional.
Los dos condenados fueron encontrado culpables en la muerte de Julissa Margarita Campos de Hernández, una ejecutiva bancaria de 43 años de edad, quien murió la madrugada del lunes 20 enero del 2020, al sufrir un disparo en el tórax en el interior de su vivienda, cuando los malhechores robaban en la misma.
Por el hecho también fue condenado a siete años de prisión, Miguel José Hidalgo Soler (a) Tete, de 22 años de edad, domiciliado en el sector Salome Ureña, en Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte, quien cooperó en las investigaciones de las autoridades.
Mientras, los justiciables Ofil Federico Batista (a) Ofi y Ernick Brito Heredia (a) Galletica, ambos residentes en el sector El Almirante, en Santo Domingo Este, fueron favorecidos con sentencia absolutoria por insuficiencia de pruebas en su contra.
Demostrar la responsabilidad penal y destrucción de la presunción de inocencia de los justiciables, estuvo a cargo de los fiscales Ignacio Rojas y Zayra Soto, del Departamento de Litigación Definitiva de Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este.
De acuerdo a la acusación, la mujer fue impactada del disparo al corazón, cuando los malhechores, portando armas de fuego y con presuntas intenciones de robar, penetraron a la casa ubicada en la calle Central número 07, en el residencial Las Acacias II del sector San Isidro, donde residía la ahora occisa, junto a su esposo y sus tres hijos, dos de ellos menores de edad.
Eran las 2:00 de la madrugada, cuando la ahora occisa Julissa se percató de varios individuos estaban dentro de su residencia, donde intentaban penetrar desde la sala hacia la galería, de la misma.
Fue así que la mujer alertó a su esposo Gustavo Hernández Sánchez, y cuando los malhechores se percatan de saben de su presencia, el condenado (a) Fermín y/o Geury disparó por la ventana la bala que impacto en el corazón de la ejecutiva bancaria.
La mujer herida fue llevada por el esposo al Hospital Militar Ramón de Lara, de la Fuerza Aérea de República Dominicana, donde murió.
Los investigadores de homicidio destacados en el departamento Felicidad en Los Mina, lograron en operativos separados, arrestar a los entonces cinco acusados.
Los justiciables fueron llevados a finales de enero y principio de febrero del 2020, por ante un juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente, que les impuso medidas de coerción de prisión preventiva en las cárceles de La Victoria y el 15 de Azua, respectivamente.
De acuerdo a las autoridades, el imputado Hidalgo Soler, quien cooperó con la investigación, dijo que la pistola usada para ultimar a la ejecutiva bancaria, fue marca Glock calibre nueve milímetros, robada por Maiky Terrero (a) Maiki, implicado que permaneció prófugo y posteriormente murió durante un enfrentamiento con la Policía.
En el juicio de fondo, el tribunal compuesto por Elizabeth E. Rodríguez Espinal (presidente), Julio A. Aybar Ortiz y Flor E. Batista Polo (miembros), encontró culpable a los justiciables de violentar los Artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 304 y 379 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la Asociación de Malhechores, Robo y Asesinato, en perjuicio de la hoy occisa.
También los Artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, los cuales establecen el régimen sancionador de 30 a 40 años de prisión para el tipo penal de cometer asesinato, durante un robo y con uso de arma ilegal.
El párrafo II del Artículo 66 de la referida Ley establece lo siguiente:
“Cualquier persona física que le quite la vida a otra para cometer robo con violencia, poseyendo un arma de fuego ilegal, será castigada con una pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de privación de libertad”.
Fue declarada buena y validad la querella en actor civil e impusieron a los condenados a 40 años de prisión el pago de cinco millones de pesos de indemnización, como justa reparación por el daño ocasionado.
Demostrar la responsabilidad penal y destrucción de la presunción de inocencia de los justiciables, estuvo a cargo de los fiscales Ignacio Rojas y Zayra Soto, del Departamento de Litigación Definitiva de Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este.
La fiscal Dahiana Castillo, del Departamento de Crímenes y Delitos Contra Las Personas de la misma Procuraduría Fiscal, estuvo a su cargo la investigación y formulación de acusación.
El fallo del tribunal dispones que las penas impuestas sean cumplidas en la penitenciaría nacional de La Victoria, y el fallo sea comunicado al juez de Ejecución de la Pena, para su fiel cumplimiento.
La lectura integra de la sentencia fue fijada para el 27 de diciembre del año en curso, a las 9:00 de la mañana, fecha que abrirá los plazos para las partes no conteste con la decisión, puedan recurrirla en la apelación.
