Asignación de vehículos a generales retirados no es legal
La apropiación ilegal de vehículos de las Fuerzas Armadas comprados con dinero público, ha sido una práctica recurrente de una parte del generalato en todos los gobiernos de los últimos 20 años.
Ministros, comandantes generales, viceministros, directores de cuerpos especializados y de otras entidades de las Fuerzas Armadas, en su momento compraron vehículos que a su salida de la posición no los devolvieron a la institución.
La Ley Orgánica de las Fuerzas en su artículo 160 refiere que los generales y almirantes en honrosa situación de retiro: tendrán derecho a los haberes de retiros como compensación por años de servicios,
permiso para licencia de porte y tenencia de armas de fuego cortas, escolta de seguridad en razón del grado y la posición ocupada durante el tiempo en servicio activo; uso de uniforme en los días de fiesta patria, compensación por defunción familiar y servicio médico integral.
“Los militares, sin importar el rango, somos servidores, nos pagan con el dinero de los contribuyentes, con el mismo que se compran vehículos y otras propiedades. No estamos por encima de la ley; cuando me pensione me llevo lo que está estipulado en la Ley Orgánica militar, lo demás es una mala práctica que debe ser corregida,” añadió la fuente que en su momento dirigió posiciones de mando en las FFAA.
La mala práctica a la que hace referencia la fuente afectan los presupuestos militares, ya que cada dos años las instituciones tienen que comprar nuevas flotillas de vehículos para asignarlos a los oficiales que sustituyen en el puesto a los anteriores, porque los salientes no los devuelven a las instituciones.
Precisamente esas son las anomalías que la auditoría que realiza la Contraloría General de la República (CGR) a la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) está llamada a corregir.
Unos 60 vehículos están en manos de generales retirados FARD, que, en su mayoría, usufructúan sin la debida asignación de la Comandancia General .
Aunque muchos de los vehículos tienen hasta 20 años de uso, también los hay de años recientes como 2015, 2018 y hasta del 2020.
La auditoría procura recuperar y regular las propiedades militares que están en manos de oficiales retirados y activos, pero que les dan un uso particular.
El arqueo, según fuentes de la Contraloría General, se hará en todas las instituciones y entidades de las Fuerzas Armadas, incluyendo al Ministerio de Defensa.
En la actualidad, los generales y coroneles activos de las FARD utilizan sus propios vehículos para realizar labores de la institución, porque una parte de los comprados en los últimos 20 años, están en poder de oficiales retirados, según datos suministrados a este medio.
Las Fuerzas Armadas no han comprado vehículos para sus oficiales que ocupan puestos de mando o dirigen entidades, al menos durante el año y cuatro meses del gobierno de Luis Abinader.
