Un grupo de expertos aseguró que es una necesidad urgente que la sociedad dominicana impulse una transformación profunda a la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de la Seguridad Social para que se elimine la intermediación financiera de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y de Fondos de Pensiones (AFP).
La propuesta fue hecha en un conversatorio promovido por la Coalición por la Seguridad Social Digna (CSSD), que lleva cinco años de lucha junto al líder chileno Luis Mesina en defensa de una seguridad social basada en derechos y reafirmó su compromiso con una reforma estructural de la Ley 87-01. Subrayó la importancia de avanzar hacia un modelo de reparto público, solidario, de beneficios definidos, universal, garante de derechos.
En su intervención, Mesina afirmó que el modelo de capitalización individual administrado por las AFP en Chile, con 45 años de implantación, ha demostrado ser “Un total fracaso para los afiliados y un total éxito para las empresas administradoras”. El encuentro en el Colegio Médico Dominicano (CMD) contó con la participación del destacado dirigente sindical chileno Luis Mesina, líder de la Confederación de Trabajadores Bancarios y vocero nacional de la Coordinadora NO + AFP de Chile, uno de los movimientos sociales más influyentes de América Latina en la lucha por pensiones dignas para trabajadores y trabajadoras.
Analizaron la experiencia chilena, recordando que Chile fue el primer país donde se impuso el modelo de capitalización individual administrado por las AFP, instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet y posteriormente promovido en diversos países de la región.
Ante la pregunta de qué modelo le conviene al país, subrayó la importancia de avanzar hacia un modelo de reparto público, solidario, de beneficios definidos, universal, garante de derechos.
Los participantes coincidieron en que la experiencia chilena constituye una referencia valiosa para los pueblos latinoamericanos que luchan por sistemas de seguridad social universales, públicos, solidarios y sin fines de lucro, orientados a garantizar derechos y no a favorecer negocios privados.
La Coalición reiteró que la reforma que propone implica superar el actual modelo de intermediación financiera mediante la exclusión de las ARS y las AFP.
Presentó un balance de sus cinco años de trabajo impulsando una reforma estructural de la Ley 87-01, donde ha promovido investigaciones, propuestas legislativas, jornadas de movilización social, espacios de formación y diálogo, así como acciones de incidencia por una SS centrada en las personas.
