Salud y pensiones serán resueltas por la ciudadanía, informada en las calles
En República Dominicana no se garantiza el derecho a la salud y, si seguimos como vamos, tampoco contaremos con pensiones dignas. Esto quedó más que demostrado con el COVID-19, que desnudó las carencias de ambos “sistemas”, y por informaciones y hechos de estas últimas semanas.
La Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) realizó una investigación en 50 hospitales municipales y provinciales sobre el segundo nivel de atención y los hallazgos son estremecedores.
Falta de especialistas en áreas claves como oncología y cardiología. El 66% de hospitales de segundo nivel no tiene en sus nóminas a especialistas del corazón, pese a que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en país.
La escasez de los servicios de oncología también es evidente al revelar que sólo cuatro de los hospitales investigados cuentan con ellos. La carencia de equipos también es alarmante: el 92% de estos hospitales no tienen ambulancia.
A este panorama se suma la baja inversión estatal, limitación para el acceso a medicamentos, déficit de personal de salud e injerencia política. En el caso de las pensiones y la seguridad social el panorama no es más halagüeño. Ver como los fondos se redujeron recientemente es sólo una evidencia más de que estamos ante un sistema que ni es seguro, ni es social y que se enfrenta a serios cuestionamientos en República Dominicana, como en los otros países latinoamericanos donde se implementó, a modo de copy paste, tales como Chile y Colombia.
Y es que en gran parte se trata de un proceso de reforma que inició el Estado a principios de los 90s, impuesto por organismos multilaterales, que culminó en el 2001 con la aprobación de la ley general de salud 42-01 y de la 87-01 que pregonaban bondades que nunca llegaron.
Por el contrario, 21 años después, al pasar balances como este de ADESA o como investigaciones de la Fundación Juan Bosch y pronunciamientos de la Coalición por una Seguridad Social Digna, demuestran que la salud se ha convertido en una mercancía y la seguridad social en un negocio para sectores nacionales e internacionales.
No obstante, he aquí lo más preocupante, y es un dato importante que se reseña textualmente en la introducción de la investigación de ADESA: “En estos últimos 20 años el país ha tenido cuatro gobiernos y siete ministros de Salud y no se ha cambiado el modelo sanitario neoliberal impuesto en el 2001. Diferentes gobiernos han aplicado la misma política, siendo la poca inversión en salud (menos del 2% del PIB) una de las constantes”.
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Vista entonces la falta de voluntad política y considerando que la salud y la seguridad social son derechos fundamentales, la única esperanza que tiene el pueblo dominicano es seguir organizándose para, pacíficamente y con datos e investigaciones, salir a las calles y a la opinión pública a reclamar y a lograr que la ciudadanía común comprenda y apoye el tema. Hay que repetir experiencias de lucha como el 4% para Educación, Loma Miranda, Marcha Verde, etc.
Y es que aunque tanto el CES como el Congreso discuten reformas para ambos temas, si la ciudadanía no demanda y presiona, no existe la mínima garantía que en esas discusiones se imponga el interés colectivo.
