El sonado caso «Medusa» sacude a la opinión pública dominicana

SANTO DOMINGO.- De manera profusa, medios de prensa han reseñado este fin de semana parte del contenido del expediente de más de 12 mil páginas instrumentado del denominado «Caso Medusa», que involucra al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otras personas en un alegado entramado de corrupción por más de mil millones de pesos puesto en práctica con motivo de la construcción del nuevo penal de La Victoria y otros recintos carcelarios.
Entre las cosas que salen a relucir en esas publicaciones figuran:
El entonces Procurador realizaba “concursos amañados” a fin de seleccionar las empresas a las cuales se le asignaban dichas obras. Obligaba a los contratistas seleccionados a comprar materiales a una sola empresa (Cemex Dominicana) con el fin de obtener comisiones que le entregaba esta última, utilizando como intermediaria a la empresa Materiales de Construcción LNV. Utilizaba oficinas y equipos del Ministerio Público así como personal que labora en ellas para operaciones de proselitismo político a favor de aspiraciones que él tenía a la presidencia de la República.
El nombre del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez aparece por lo menos en 26 ocasiones en el expediente de corrupción administrativa. Supuestamente él conocía y permitía las acciones de Jean Alain.
Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quien era director administrativo y financiero de la Procuraduría, era el encargado de manipular los procesos de contrataciones y servicios, por lo cual recibía beneficios económicos.
Alfredo Alexander Solano Augusto, quien también era funcionario de la Procuraduría, era una pieza “persona de total confianza del coacusado Jean Alain”, y se adjudicaba a sí mismo, por medio de terceros, contratos de bienes y servicios de esta dependencia.
Altagracia Guillen Calzado era una especie de intermediaria que presentaba personas a la estructura criminal para que fueran potenciales oferentes en los procesos de compra y como tal facilitó el desarrollo de las estafas.
Jenny Marte Peña, quien era encargada de la Unidad Ejecutora del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, ejercía presiones a contratistas para que pagaran sobornos.
Javier Antonio Forteza Ibarra, siendo director del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), era el encargado de la parte operativa y tecnológica de la estructura criminal. Como tal habría borrado y alterado datos así como también eliminado huellas de los actos ilícitos.
Rafael Antonio Mercedes Marte, contador de profesión, era quien calculaba, transportaba, administraba y transfería el dinero de los sobornos entregados a Jean Alain, Rodríguez Imbert, Solano Augusto, Guillén Calzado y Marte Peña, y de las operaciones del Movimiento Político Renovación que supuestamente encabezaba el primero.
Miguel José Moya fungía como proveedor de servicios de la Procuraduría y su función era elevar la imagen personal de Jean Alain Rodríguez y sus aspiraciones políticas, y como tal estafó al Estado y participó en acciones propias del lavado de activos.
Sara María Fernández, esposa de José Moya, actuó en complicidadpara introducir facturas con contenido falso.
Braulio Michael Batista Barias, supervisor de la Unidad de Bienes Incautados de la PGR, usaba para su beneficio personal o de terceros, bienes muebles e inmuebles de lujo, secuestrados o incautados por la Procuraduría.
Alejandro Martín Rosa Llanes vendía artículos y bienes decomisados en violación a disposiciones legales.
Ramón Lucrecio Burgos Acosta, del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos (Sinarec), en su condición del Movimiento Político Renovación incurrió en delitos de corrupción, soborno, prevaricación, lavado de activos
Johannatan Loanders Medina Reyes, fue responsable de la “materialización de las maniobras fraudulentas” en los procesos de compra y contrataciones realizados por la Procuraduría y como tal beneficiaba a personas previamente seleccionadas.
Isis Tapia Steffani, como miembro del comité de compras de la Procuraduría, ejecutó contratos ficticios y aceptó como válidos hechos fraudulentos, para pagar a suplidores y contratistas seleccionados en los procesos de compras amañados.
Félix Antonio Rosario Labrada, encargado de la oficina de acceso a la información y miembro del comité de compras, también se prestó a avalar procesos amañados .
Mercedes Camelia Salcedo Disla, coordinadora administrativa y financiera del nuevo modelo penitenciario, y Carolina Pimentel Bonifacio también cometieron irregularidades en beneficio de la “estructura criminal”.
Francis Ramírez Moreno, quien era analista de compras, participó en la falsificación y alteración de documentos.
Rolando Rafael Sebelén Torres era el cuñado de Jean Alain y como tal manipuló, junto a otros miembros de la estructura, procesos de licitación para adquirir alimentos e insumos para las cárceles junto a José Miguel Estrada Jackson y César Nicolas Rizik Pimentel.