Hoy comparecerán ante el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional 21 médicos imputados de supuestamente prestar sus códigos para validar consultas, estudios y cirugías ficticias cobradas de forma irregular a la ARS estatal. En la audiencia, pautada para las 2:00 de la tarde, se conocerá la solicitud de medidas de coerción en su contra, por el denominado caso Senasa 2.0.
Junto a ellos comparecerán también cuatro empleados o exempleados del Senasa. Todos permanecen recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
¿Qué pide el MP?
A través de la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), el órgano de persecución solicita 18 meses de prisión preventiva para el grupo de 25 encartados en el que se incluye a los médicos y prestadores de salud procesados, y que el caso sea declarado complejo.
Médicos en prisión
De acuerdo con el expediente de medida de coerción, los médicos imputados en esta segunda fase del caso Senasa son: Eisnten Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Griselda Altagracia Basora Ramírez.
También los galenos Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Días Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ernesto Mercedes Lugo.
Esta imagen es del momento del traslado de algunos de los imputados en el caso. El expediente que solicita coerción no tiene foto de Ángel Luis Guzmán.
El País Senasa 2.0-A: Ángel Luis Guzmán, el ex-auxiliar de autorizaciones médicas mencionado 444 veces en la acusación
Javier Herrera
Empleados y exempleados
Según la solicitud de medida de coerción son: Heidy Coronado Paulino, quien se desempeñaba en el Departamento de Autorizaciones Médicas y contaba con acceso directo a la base de datos e información confidencial de los afiliados; Angeury Guzmán Vásquez, exempleado que según el Ministerio Público actuaba como “enlace estratégico” en el esquema de falsificaciones y autorizaciones fraudulentas; y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez, supuestos coloaboradores/intermediarios vinculados en el expediente principalmente a la logística de movimientos financieros y transferencias de dinero dentro de la red.
La acusación
El Ministerio Público le atribuye al grupo ser parte de una red de corrupción administrativa, fraude clínico y farmacéutico que habría sustraído RD$40 millones, delitos que tipifica como: asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco y prevaricación, falsificación de documentos falsos, lavado de activos y coalición de funcionarios y cobro de sobornos.
Individualización por código penal
Salvo contadas excepciones donde el cargo público es notorio como el caso del doctor Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, exsubdirector del Hospital Dr. Darío Contreras, el expediente omite el centro de trabajo específicos de los demás galenos, a quienes identifica por sus datos personales y sus números de exequátur/código de Prestador de Servicios de Salud (PSS) ante Senasa, que era el mecanismo mediante el cual hacían los reclamos de pago. Entre ellos hay cirujanos, pediatras, ginecólogos y otros especialistas. La gran mayoría ejerce en el sector privado o de manera ambulatoria desde consultorios independientes, dice el documento de solicitud de medida.
