A 18 meses del desplome de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025 y que dejó 236 personas fallecidas, los familiares de las víctimas mantienen su reclamo de justicia y continúan recordando a sus seres queridos.
Cada día 8 de mes, familiares, amigos y allegados de las víctimas se congregan en el lugar donde funcionaba el establecimiento para participar en una misa en memoria de los fallecidos.
Biblia y velones Foto: ©️ Mery Ann Escolástico. ACENTO, Jet set
Biblia y velones Foto: ©️ Mery Ann Escolástico. ACENTO, Jet set
Este jueves 8 de octubre se cumplen 548 días de la tragedia, una fecha que vuelve a reunir a los familiares en el lugar del colapso para honrar la memoria de quienes perdieron la vida.
El desplome ocurrió durante una actividad musical amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en la tragedia. El hecho provocó una profunda conmoción nacional y abrió interrogantes sobre las condiciones estructurales y de mantenimiento de establecimientos destinados a recibir grandes cantidades de personas.
Los principales acusados
Los principales acusados del proceso son los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, vinculados a la propiedad y administración de la discoteca Jet Set.
Antonio Espaillat es empresario del sector del entretenimiento y los medios de comunicación, además de propietario de RCC Media. Maribel Espaillat figura en el expediente por su vinculación societaria y administrativa con el establecimiento.
El Ministerio Público los señala por presuntas negligencias relacionadas con el mantenimiento y las condiciones estructurales del local. Las defensas han cuestionado los elementos de la acusación.
El juicio continúa este viernes
Durante la pasada semana, el tribunal que conoce el juicio de fondo por el colapso de la discoteca Jet Set recesó la audiencia hasta este viernes 9 de octubre, a las 9:00 de la mañana.
La pausa fue dispuesta para que las defensas de Antonio y Maribel Espaillat preparen sus argumentos frente a las solicitudes de varias partes querellantes, actores civiles y acusadores particulares, quienes plantean una variación y ampliación de la calificación jurídica de los hechos.
Actualmente, el proceso contempla delitos culposos de homicidio y golpes y heridas, previstos en los artículos 319 y 320 del Código Penal.
Las partes acusadoras solicitan que los hechos sean considerados delitos dolosos o voluntarios, conforme a los artículos 295 y 304 del Código Penal.
El juez explicó durante la audiencia que una eventual modificación de la calificación jurídica tendría consecuencias importantes en las penas aplicables.
Según lo expuesto ante el tribunal, bajo la calificación actualmente discutida la pena podría alcanzar hasta dos años, mientras que, de acogerse la calificación de delitos dolosos planteada por las partes acusadoras, podría llegar hasta 30 años.
Mientras el juicio avanza, los familiares continúan regresando cada día 8 al lugar donde perdieron a sus seres queridos. 236 vidas se perdieron aquella madrugada y, 18 meses después, sus familiares continúan esperando que el proceso judicial determine las responsabilidades correspondientes.
