EEUU desarticula negocio «esclavizaba» a migrantes
Los migrantes, que pagaron por obtener ayuda para entrar legalmente a EU, acabaron obligados a realizar trabajos agrícolas por un salario precario o nulo
Con base en una investigación que comenzó hace tres años, las autoridades federales en Estados Unidos desmantelaron un negocio fraudulento que ganó 200 millones de dólares abusando del programa de visados de trabajo H-2A para traer al país a trabajadores procedentes de México, Guatemala y Honduras.
Durante años, los trabajadores migrantes, que pagaron por obtener ayuda para entrar legalmente a Estados Unidos, acabaron obligados a realizar trabajos agrícolas a cambio de un salario precario o nulo, según las autoridades federales.
Los migrantes recibieron amenazas de deportación y violencia de parte de supervisores armados mientras vivían en remolques sucios y atestados de gente, con poca comida y agua potable.
Según los registros judiciales, a algunos de ellos se les había prometido una paga de hasta 12 dólares por hora a cambio de trabajar en granjas de la zona rural del sur de Georgia.
Sin embargo, se les ordenó desenterrar cebollas sólo con las manos y se les pagó apenas 20 centavos de dólar por cada cubo lleno, mientras hombres armados los mantenían vigilados. Al menos dos de los migrantes murieron y otro fue violado repetidamente.
Los fiscales federales dijeron que el caso equivalía a esclavitud moderna y el jurado investigador acusó a 24 personas ante un tribunal federal de distrito de decenas de cargos penales, entre ellos trabajo forzado, fraude postal, manipulación de testigos y asociación ilícita para cometer lavado de dinero.
Las comparecencias en el caso se han programado para el 21 de diciembre y el 6 de enero en el tribunal federal de Waycross, cerca del límite entre los estados de Georgia y Florida.
Según la acusación, a los trabajadores se les obligó a pagar cuotas ilegales por el transporte, la comida y el alojamiento. Además, se les retuvieron sus documentos para viajar y otras identificaciones, lo que les impidió huir y buscar ayuda. El fiscal federal David Estes, del Distrito Sur de Georgia, dijo que el caso había puesto en libertad a “más de 100 personas”.
Los migrantes recibieron amenazas de deportación
