La Operación Onco14 tiene como principales imputados a tres personas que ocuparon posiciones de dirección y supervisión dentro del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Implicados en el caso
El principal señalado es Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC. De acuerdo con el Ministerio Público, habría liderado la estructura investigada y utilizado su posición para mantener control sobre los recursos económicos de la institución.
Las autoridades sostienen que permaneció en la presidencia desde octubre de 2018 hasta octubre de 2025, pese a que originalmente su gestión estaba prevista por dos años.
Junto a él fue arrestada Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida. Los investigadores consideran que esta entidad habría sido utilizada dentro del esquema bajo investigación para realizar operaciones relacionadas con el manejo de fondos.
La tercera detenida es Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta y exauditora del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, además de exesposa de Lora Cruceta. Según el expediente, también habría tenido participación en las maniobras financieras que son objeto de investigación.
Datos preliminares
El Ministerio Público igualmente vincula al caso a las entidades Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y a la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, las cuales presuntamente fueron utilizadas para ejecutar operaciones que permitieron la apropiación irregular de recursos destinados a la atención de pacientes oncológicos afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Los imputados enfrentan acusaciones por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología, acceso ilícito a sistemas informáticos, uso indebido de códigos de acceso y lavado de activos. No obstante, corresponde a los tribunales determinar su responsabilidad penal una vez concluya el proceso judicial.
La investigación sostiene que las acciones atribuidas a los involucrados habrían afectado fondos públicos destinados a garantizar tratamientos y servicios médicos para pacientes con cáncer, uno de los sectores más sensibles del sistema de salud dominicano.
