El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continúa este jueves 14 de mayo con la audiencia del caso Nido o Indisarq, proceso en el que el principal imputado, Emmanuel Rivera Ledesma, está acusado de encabezar un esquema inmobiliario fraudulento vinculado a estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos.
De acuerdo con el Ministerio Público, la red habría perjudicado a más de 500 personas mediante la oferta de viviendas en siete proyectos inmobiliarios. Las autoridades estiman que el fraude supera los RD$235 millones y los US$10 millones, en presunta violación de los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano.
La investigación comenzó tras una denuncia difundida el 7 de octubre de 2023 en el programa N Investiga, de Nuria Piera.
Luego del reportaje, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Nido el 3 de enero de 2024, con 25 allanamientos realizados en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
En el expediente figuran, además de Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa y María Gabriela Rivera.
También fueron incluidas las empresas Indisarq SRL, CRD Equipos Pesados SRL, Grupo Wimar SRL y Auto Xperts AFM SRL, entre otras entidades señaladas por las autoridades.
Durante la investigación, el Ministerio Público afirmó haber ocupado evidencias que muestran que Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que contaba con protección de figuras influyentes, a quienes, según las pesquisas, ni siquiera conocía.
Los fiscales también documentaron el estilo de vida ostentoso de varios integrantes de la supuesta red, financiado presuntamente con recursos obtenidos de las víctimas.
El órgano acusador sostuvo, además, que Rivera Ledesma habría realizado maniobras para evitar nuevas querellas y lograr que afectados retiraran denuncias ya presentadas. Según el expediente, también intentó que las víctimas firmaran nuevos contratos y ejecutaran acciones que pudieran obstruir el proceso judicial.
El 11 de enero de 2024, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva contra Emmanuel Rivera Ledesma y declaró el caso complejo.
El juez Rigoberto Sena también ordenó prisión preventiva contra Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López.
En tanto, Reilin Arismendy Rosario García recibió arresto domiciliario e impedimento de salida. A María Gabriela Rivera Pichardo y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa les fueron impuestas garantía económica de cinco millones de pesos, localizador electrónico e impedimento de salida del país.
Posteriormente, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó las medidas de coerción el 9 de abril y el 15 de julio de 2024.
El 1 de octubre de 2024, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público presentó acusación formal contra 11 personas físicas y dos jurídicas vinculadas al caso.
Más adelante, el 17 de febrero de 2025, se informó que Erick Dorrejo entregó US$187 mil a la Procuraduría General de la República para resarcir a víctimas afectadas por el fraude.
Sin embargo, el 25 de abril de 2025, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional descargó a Erick Dorrejo Medina, María Gabriela Rivera Pichardo, Franklin Benjamín Martínez Jonkson y Moisés Benjamín Castro Balbi.
El juez Raymundo Mejía dictó el “auto de no ha lugar” a favor de los imputados descargados.
El 7 de marzo de 2025, el Ministerio Público inició la lectura de la acusación contra Emmanuel Rivera Ledesma y otros implicados, señalados de integrar una red que habría estafado a más de 500 personas mediante falsos proyectos inmobiliarios.
Días después, varias víctimas se manifestaron frente a la residencia de Rivera Ledesma, en Bella Vista, Distrito Nacional. Los querellantes denunciaron que la Procuraduría General de la República dejó bajo custodia de la esposa del imputado una propiedad supuestamente adquirida con dinero de la estafa.
Durante la protesta, alrededor de 323 querellantes realizaron un BBQ, un pícnic y partidas de dominó frente a la vivienda incautada como forma de exigir justicia y la devolución de los recursos perdidos.
El 2 de mayo de 2025, el juez Raymundo Mejía dictó auto de apertura a juicio de fondo contra Emmanuel Rivera Ledesma y otros acusados por su presunta participación en la red de fraude inmobiliario.
Posteriormente, en septiembre de 2025, un tribunal del Distrito Nacional mantuvo la prisión preventiva contra Rivera Ledesma, a solicitud del Ministerio Público.
El 19 de noviembre de 2025, los abogados del principal imputado renunciaron a su defensa, situación que obligó a reiniciar el juicio de fondo en diciembre de ese año.
Sobre ese hecho, el Ministerio Público aseguró que la renuncia colectiva de los abogados representó una desconsideración hacia las víctimas y una burla al proceso judicial, luego de más de dos meses de presentación de pruebas.
Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de reproducción de pruebas por parte del Ministerio Público, mientras las víctimas esperan condenas contra los implicados.
El juicio del caso Nido continúa con la presentación de pruebas contra Emmanuel Rivera y otros acusados de estafar a más de 500 personas mediante proyectos inmobiliarios fraudulentos.
