Por todos los rincones del municipio es evidente que Costa del Vertedero se ha convertido en la capital de la basura, la opacidad y el despilfarro de los fondos públicos. Millones se diluyen en publicidad para inflar la imagen de un alcalde indolente, sostenido por la complicidad sospechosa de regidores de oposición que, de espaldas al interés colectivo, aprobaron un presupuesto contrario a las necesidades reales de la comunidad.
Aquí no hay ingenuidad política: hay complicidad delictuosa.
Anoche, mientras caminaba por el Megacentro, presencié una escena que aún me persigue como una sombra persistente. Dos empleados del Ayuntamiento de Santo Domingo Este discutían alterados en una farmacia porque no les despachaban medicamentos del SENASA. Me acerqué, movido por la curiosidad y el desconcierto, y una de las empleadas de la farmacia, con voz cansada y amarga, me dijo textualmente:
“Señor, yo no tengo la culpa de que SENASA quiera estafar a sus clientes. Hoy es más fácil sacarse el loto que recibir una autorización para una receta, esto esta igual que cuando Santiago Hazim”.
Mientras hablaba, su rostro parecía el de alguien atrapado en un laberinto sin salida. Me explicó el nuevo procedimiento de autorización y comprendí que la impotencia de esos pacientes era la misma de los empleados del ayuntamiento afiliados a la cooperativa, quienes no pueden disponer de su propio dinero.
Desde hace medio año o mas me explicaron el alcalde mantiene secuestrados los fondos que se les descuentan por nómina a los empleados miembros de la cooperativa, en franca violación del Artículo 3 del Decreto 1498-71, que establece que las sumas retenidas deben ser depositadas en la cuenta correspondiente en un plazo no mayor de 48 horas.
Los regidores conocen esta irregularidad y callan. El silencio también es delito.
Uno de los presentes, policía municipal, me confesó que incluso a ellos se les cobran 500 pesos por el carné, que esa búsqueda es un crimen contra empleados que ganan sueldo de miseria. Hablaba en voz baja, como si las paredes escucharan.
Mientras conversábamos, llegó Claudio, ex empleado del ayuntamiento. Su rostro estaba surcado por el llanto y la desesperación. No le han pagado sus prestaciones, a pesar de que el año pasado el gobierno entregó 85 millones de pesos al cabildo. Su mayor dolor no era solo la deuda, sino saber que los regidores conocen su caso y no hacen nada, arrastrándose servilmente como reptiles inmundos a los pies del alcalde.
Con lágrimas aún frescas, Claudio relató que frente a la escuela Zafra, donde estudia su nieto, el alcalde instaló un contenedor verde que ha convertido la zona en un criadero de ratas. Bestias nocturnas que ya no temen la luz del día y que circulan dentro de las aulas, mientras los regidores miran hacia otro lado, como si el horror no fuera con ellos.
El policía municipal, con voz contenida, confesó que teme hablar públicamente. Sin embargo, le duele y le indigna la indiferencia de los regidores ante esta crisis sanitaria. Los vertederos improvisados se multiplican con cajas y contenedores que invaden aceras y calles, y los regidores del PLD y la Fuerza del Pueblo incumplen su deber de fiscalizar.
En esas condiciones, los jugosos salarios que devengan resultan moralmente robados: cobran sin cumplir la función para la cual fueron electos.
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Al llegar a casa, reflexioné largamente sobre aquel encuentro. Pensé en los empleados humillados, en los policías municipales obligados a violar la ley, en las aceras rotas, los asaltos y accidentes provocados por contenedores que usurpan el espacio del peatón. Pensé en los barrios donde, por la ausencia de rutas y frecuencias de recogida, las familias pobres deben pagar dinero extra a adictos para botar la basura.
Así, el dinero que pudo dinamizar la economía local termina alimentando el negocio de la droga que envenena a nuestros jóvenes, mientras los regidores del PLD y la Fuerza del Pueblo aplauden al alcalde, celebrando que gaste millones en su imagen y se comporte como un influencer de redes sociales en lugar de gobernar.
La sociedad debería declarar no gratos a la mayoría de los regidores de oposición en este municipio. Salvo honrosas excepciones, actúan como enemigos de la base de sus propios partidos, que con su voto les otorgó ese empleo. El pueblo, que les paga sin que trabajen, debe repudiarlos por traicionar su confianza y arrodillarse ante un alcalde cruel que, embriagado de ego, se cree amo del universo.
Ante esta burda traición, solicito públicamente a Luis Hernández, Alexandra Peña y Adalgisa Pujols, presidentes de las tres circunscripciones de la Fuerza del Pueblo, y a Cristina Lizardo, cabeza del PLD en la provincia, que preparen un expediente disciplinario para expulsar, como mínimo, a un regidor de cada partido. Que el mensaje sea claro para los demás: o rectifican, o se van.
Solo una medida de esa magnitud permitiría a esos partidos recuperar la confianza del pueblo en un municipio que hoy es la Costa de los Vertederos, capital de ratas y cucarachas.
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Finalmente, exhortamos a Luis Alberto y Rafael Castillo, líderes del PLD y la Fuerza del Pueblo en este territorio, a respaldar esas expulsiones. Si enfrentan el caos con firmeza, su capital político y credibilidad social crecerán. De lo contrario, su paso por la política será, irremediablemente, sin pena ni gloria.
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