
Nueve meses después del depósito de la acusación formal del caso Calamar, el número de imputados y el de querellantes se han ido reduciendo. Los primeros tras acuerdos con el Ministerio Público y los segundos, por desestimientos “voluntarios”.
De las personas físicas, encabezadas por los exministros de Hacienda Donald Guerrero, Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, imputadas de alegada corrupción administrativa, nueve (9) han llegado a acuerdos con el órgano acusador a cambio de la extinción penal, declaratoria de culpabilidad, aceptación de decomiso de bienes, y testificar en el juicio.
En ese grupo están Ramón Emilio Jimenez Collie (Mimilo), quien aceptó el decomiso de RD$71 5 millones, Fernando Crisóstomo Herrera, Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, Camilo Andrés Peña Hernández, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la entidad comercial Grupo Difebe.
Desisten de querella
En diciembre pasado comenzaron el retiro de querellas. Los primeros en hacerlo a favor del exministro administrativo de la Presidencia fueron los hermanos Mayra Josefina, Jocelyn de Jesús y Víctor Manuel Sangiovanni, por entender que “hay insuficiencia de pruebas” en contra de Peralta, con relación al caso que a ellos les compete.
Más desestimientos
Esta semana, la familia Mota una de las principales querellantes contra los en la defraudación al Estado por unos RD$21,000 millones a través de pagos ilegales por expropiación de terrenos, desistió de un pedimento para que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le impusiera medidas de coerción a los imputados, aduciendo que en el momento no tenían argumento.