Este martes continúa en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el juicio de fondo contra los principales imputados en el denominado caso Coral, un proceso que se encuentra en su fase final, con la presentación de las réplicas de las defensas a los pedimentos formulados por el Ministerio Público.
En la audiencia de hoy, los abogados de los acusados responden a las conclusiones del órgano acusador, que el pasado viernes solicitó condenas que oscilan entre 5 y 20 años de prisión, además de multas millonarias y el decomiso de bienes por más de RD$773 millones.
Entre los encartados figuran Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP); Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR); así como Rafael Núñez de Aza, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista y Franklin Alberto Mata Flores.
Según el Ministerio Público, los imputados habrían integrado una estructura de corrupción administrativa que desvió más de RD$4,500 millones de fondos públicos, mediante nóminas falsas, contratos simulados y uso indebido de recursos estatales, tanto en las instituciones que dirigían como en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Solicitudes del Ministerio Público
Al presentar sus conclusiones, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, detalló las penas solicitadas, subrayando la gravedad de los hechos y el daño causado al patrimonio del Estado.
Para Adán Cáceres Silvestre, el órgano acusador solicitó 20 años de prisión, una multa equivalente a 400 salarios mínimos y el decomiso de bienes.
La misma pena fue solicitada para Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista, Franklin Alberto Mata Flores y Rafael Núñez de Aza, junto con multas y la incautación de bienes vinculados al proceso.
Testigo clave y otros imputados
En cuanto al testigo clave Raúl Alexander Girón Jiménez, el Ministerio Público solicitó una condena de cinco años de prisión con pena suspendida, en atención a la cooperación efectiva ofrecida durante la investigación y el juicio, además del decomiso de bienes. También pidió que el tiempo cumplido bajo arresto domiciliario sea computado como parte de la pena.
Asimismo, el órgano acusador solicitó cinco años de prisión y una multa de RD$500,000 contra Carlos Augusto Lantigua Cruz; 10 años de prisión para Yeudi Guzmán Alcántara; y 15 años de prisión, multa de 300 salarios mínimos y decomiso de bienes para Rossy Guzmán y Kelman Santana.
Con la audiencia de hoy, el proceso entra en su etapa decisiva, previo a que el tribunal se reserve el fallo sobre uno de los casos de corrupción administrativa más relevantes conocidos en el país en los últimos años.
