La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR), remitió este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe técnico que documenta la existencia de una presunta estructura organizada de proveedores que habría manipulado procesos de contrataciones con el Estado mediante prácticas fraudulentas.
El documento detalla que esta red incurrió además en actos de intimidación, extorsión y posibles vínculos con funcionarios públicos, afectando directamente la libre competencia y la igualdad de participación de oferentes.
Según el informe, elaborado tras un análisis exhaustivo de los registros del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y otras fuentes, las empresas implicadas habrían utilizado distintas razones sociales para simular competencia, repartirse adjudicaciones y excluir a oferentes legítimos.
Entre las compañías señaladas figuran Empresas Integradas SAS, Inversiones Qtek SRL y Tingley Business SRL, junto a otras asociadas, que presentan patrones coincidentes de participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos del mercado público.
El informe también recoge testimonios de proveedores afectados, quienes denunciaron amenazas y presiones para desistir de adjudicaciones, lo que evidencia mecanismos de intimidación que distorsionan la transparencia y equidad de los procesos.
La DGCP concluye que las conductas observadas vulneran los principios de igualdad, participación y libre competencia establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y podrían constituir actos colusorios y otras infracciones penales.
La institución, a través de un comunicado, informó que remitirá el documento a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), a fin de que profundice la investigación sobre posibles acuerdos colusorios y manipulación del mercado público.
Pimentel: “Estas prácticas atentan contra el patrimonio público”
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, valoró el trabajo conjunto con la Unidad Antifraude y reafirmó el compromiso institucional de proteger los recursos del Estado y garantizar la transparencia en el sistema.
“Este informe demuestra la efectividad del control preventivo y el análisis técnico de datos en la detección de estructuras fraudulentas. Estas prácticas atentan contra la libre competencia, la igualdad de oportunidades y el patrimonio público”, señaló Pimentel.
Por su parte, Leónidas Peña, coordinador de la Unidad Antifraude de la CGR, explicó que la investigación permitió detectar patrones de colusión, intercambio de roles entre oferentes y uso de información privilegiada.
“El uso avanzado de herramientas analíticas y la coordinación interinstitucional fueron claves para identificar este entramado. Este informe demuestra el impacto positivo del trabajo conjunto entre las instituciones de control”, afirmó Peña.
Monitoreo y alertas de riesgo
Entre las medidas que facilitaron la detección del entramado, la DGCP destacó el monitoreo constante de los procesos de contratación y la presencia de un oficial de cumplimiento, que derivó en la emisión de la circular DGCP44-PNP-2025-0008, la cual eliminó el uso obligatorio de la Carta de autorización del fabricante, antes empleada como mecanismo restrictivo de participación.
Además, el uso intensivo del SECP, el análisis de datos históricos y la implementación de alertas de riesgo y trazabilidad permitieron identificar patrones y vínculos que sustentan las conclusiones del informe.
