La Procuraduría General de la República utilizó dinero previamente marcado para ejecutar la detención del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de solicitar un soborno a un empresario vinculado al caso SeNaSa, según consta en el expediente de medida de coerción.
De acuerdo con la investigación, los 10 mil dólares entregados en billetes de 100 por el empresario Roberto Canaán pertenecían a las autoridades, que habían documentado y fotografiado el dinero para verificar su procedencia. El caso se originó el 13 de marzo de 2026, cuando el imputado habría solicitado inicialmente 200 mil dólares a cambio de no judicializar al testigo, monto que luego redujo a 150 mil, además de exigir un reloj Rolex y un vehículo Mercedes Benz.
El expediente detalla que el empresario informó a las autoridades, lo que activó un esquema de vigilancia encabezado por la procuradora Yeni Berenice Reynoso y el director de Persecución, Wilson Camacho. A partir de ese momento, se coordinó una entrega controlada del dinero con seguimiento telefónico y agentes encubiertos.
El operativo se ejecutó el 27 de marzo en el estacionamiento de Bella Vista Mall, donde el fiscal recibió el dinero dentro de una Honda CRV. Tras la entrega, fue interceptado por las autoridades, que hallaron el efectivo oculto en el compartimiento del sunroof del vehículo.
El Ministerio Público sostiene que el imputado ejerció presión constante para concretar el pago, por lo que solicita prisión preventiva como medida de coerción, alegando riesgo de fuga y posible interferencia en la investigación. A Valdez Alcántara se le imputan cargos de soborno, concusión, cohecho y lavado de activos, y el caso será conocido por una jueza especial debido a su condición de fiscal.
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