Las organizaciones Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos, Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Masada, Asociación de Jóvenes Empresarios (Anje), y Ciudad Alternativa, reclamaron los partidos políticos sean «sujetos obligados» en la Ley de Lavado de Activos 155-17.
La abogada Claudia Álvarez Troncoso, de Participación Ciudadana, y el ingeniero Steve Cabrera, del Centro Juan XXIII, llamaron al ministro Hacienda, en su calidad de Presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En la solicitud, que incluye a la Junta Central Electoral (JCE), se advierte que los candidatos a cargos electivos están políticamente expuestos, y son conocidos los casos de funcionarios electos que han tenido que responder ante la justicia por cargos de vínculos con el narcotráfico de manera directa o por financiamiento de las campañas con dinero proveniente de ese delito.
