Luego de dos días de intensos debates entre el Ministerio Público y las defensa de los diez imputados de supuestamente pagar RD$108 millones de sobornos para conseguir o mantener contratos en cinco instituciones públicas, el juez Rigoberto Sena se reservó para hoy a las 6:00 de la tarde su decisión sobre las medidas de coerción que impondrá al grupo entre los que figuran 8 oficiales del Ejército, la Policía y la FAD, y dos civiles.
Ese espacio de tiempo fue aprovechado por varios de los arrestados durante la “Operación Lobo” llevada a cabo por la Procuraduría Anticorrupción (Pepca) para admitir ante el tribunal su culpabilidad, y así agenciarse una medida coercitiva menos gravosa que la prisión preventiva que, por 18 meses, ha solicitado el órgano de persecución para todos los encartados.
Son ellos, el mayor general (r) Carlos Ambrosio Robles Díaz, los coroneles activos Andrés Pacheco Valera, Luis Ernesto Vicioso Boció, Francisco Guarín Fernández, Elías Caamaño Pérez, Ramón Quezada Ortiz, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar , y el primer teniente Wellington Peralta Santos.
También los civiles Quilvio Bienvenido Rodríguez González y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, propietarios de las empresas supuestamente sobornantes Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase), Safeco Corredores, Consultores de Seguros SRL, y El Niño Prodigio EIRL, con domicilio en esta capital; Magesty Waste & Recycling Company SA, y Magesty Recycling SRL, con domicilio en Santiago.
Los cinco que negociaron tienen garantizadas libertad provisional son los militares Andrés Pacheco Valera, Luis Vicioso Boció, Ramón Quezada Ortiz, y Welington Peralta Santos; y el civil Bolívar Fernández González.
