República Dominicana-La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República y confirmó integramente la sentencia de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo que, condena al Estado dominicano al pago de 10 millones de pesos a favor del ciudadano Affe Gutiérrez Gil, condenado en dos ocasiones a 30 años de prisión por un homicidio que no cometió.
Las acusaciones en contra de Gutiérrez Gil, por un crimen que no cometió, se produjeron después de haber iniciado relación sentimental con la locutora Sarah Pepen, pareja entonces del empresario Juan Ramón Gómez Díaz.
Aunque para Affe Gutierrez, la sentencia en contra del Ministerio Público, marca un precedente en la historia del derecho administrativo, no devuelve el daño moral y sicológico causados tanto a él, como a su familia, desde el inicio del proceso en su contra en el año 2008, hasta la fecha.
“Esta sentencia que hoy nosotros estamos trayendo aquí, independientemente de que devuelve un poco, es una sentencia que se buscó, no por lo económico, sino para que a nadie de ninguna familia de este país, tenga que soportar lo que nosotros soportamos”, dijo, entre lágrimas, Affe Gutierrez Gil.
Añadió que “nosotros hemos tenido que sufrir en carne propia desde el 2008, cuando yo siendo un oficial de la Policía Nacional me cancelaron, me dieron persecución hasta el 2009, donde inventaron un caso, siendo Radhamés Jimenez procurador General de la República; Perfecto Acosta, fiscal de la provincia Santo Domingo, y al fiscalizador José Miguel Cabrera Rivera que fue a quien asignaron para que hiciera esta maldad que, no solamente afectó a mi familia sino a cada persona que vio afuera, como el Estado se utilizó para hacerle daño a toda una familia”.
Expresó además que sus hijos, quienes nacieron en medio del tortuoso proceso judicial, fueron víctimas de acoso en el colegio.
“Mis hijos recibieron en la escuela, cuando aparecían de nuevo los titulares de mi caso, decía que su padre era un asesino, mis hijos tuvieron que sufrir eso. Esperamos que la Procuraduría General de la República, cómo mismo dice la ley, demande en repetición a aquellos que ocasionaron todo esto, porque mis dos abuelas se fueron (murieron) en este proceso, del sufrimiento y sin saber que hoy esto iba a suceder aquí”, manifestó.
A esto se suma el calvario que vivieron su padre, el resto de la familia que se vio obligada a irse del país.
El proceso judicial en contra de Affe Gutiérrez Gil comenzó en 2008, poco después de su matrimonio con la periodista Sarah Pepén y en 2009 fue apresado y, pese a la falta de pruebas, y a que un testigo clave admitió haber recibido dinero para acusarlo falsamente, el Ministerio Público mantuvo la acusación, revelando un entramado de manipulación procesal que lo mantuvo encarcelado durante más de dos años y medio.
Víctima de una prolongada prisión preventiva injusta y de graves violaciones a sus derechos humanos.
En un encuentro con la prensa, la barra de su defensa integrada por Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco, manifestó que «el fallo constituye la indemnización más alta conocida en el país por prisión preventiva injusta, marcando un precedente en la historia del Derecho Administrativo dominicano y un hito en la consolidación de la responsabilidad patrimonial del Estado».
Condenado dos veces a 30 años
En su peregrinaje judicial, Affe Gutiérrez fue condenado en dos ocasiones a 30 años de prisión, por supuestamente haber matado a un jóvenes de 15 años de edad (Wester Junior Solís), en el 2005, pero ambos tribunales fueron desautorizados y sus decisiones anuladas por la Corte de Apelación.
Finalmente, en mayo de 2017, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo descargó definitivamente de toda acusación, poniendo fin a un calvario judicial de casi una década de procesos, privaciones y sufrimientos.
Durante su encarcelamiento, Gutierrez Gil hizo una huelga de hambre, fue víctima de dos intentos de asesinato dentro de la prisión y con el dolor de no poder sostener en brazos a su hija, nacida durante su prisión.
A pesar de haber denunciado formalmente a los jueces y fiscales que participaron en el proceso, las autoridades ignoraron sus reclamos. Años más tarde, algunos de esos jueces fueron expulsados del Poder Judicial por «vender sentencias», confirmando el patrón de corrupción que él había denunciado desde su celda.
En agosto 2020, Gutiérrez Gil presentó una demanda en responsabilidad patrimonial contra la Procuraduría General de la República, reclamando una compensación de RDS100 millones por los daños físicos, psicológicos y profesionales sufridos.
La Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció su condición de víctima del abuso de poder, declarando que el Estado actuó con arbitrariedad e inobservancia de las garantías constitucionales, y ordenó el pago de RDS10,912,792.00 como reparación moral, física y profesional.
Los peritajes médicos y psicológicos confirmaron que el exagente sufrió trastornos de ansiedad, estrés postraumático y secuelas físicas permanentes.
La Suprema Corte, al conocer el recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República, (PGR) determinó que este carecía de fundamento legal y de interés casacional, ratificando la condena y los fundamentos del TSA.
La decisión, dictada el 29 de agosto de 2025, reitera que el Estado debe responder por los daños ocasionados por el uso arbitrario de la prisión preventiva, y reafirma la primacía del debido proceso y la dignidad humana como ejes del Estado de derecho.
