A casi 11 meses del colapso del techo de la discoteca Jet Set, la tragedia que estremeció a República Dominicana sigue marcada por el duelo de cientos de familias y por un proceso judicial que mantiene la atención pública sobre responsabilidades penales y civiles, así como sobre las brechas del país en supervisión, mantenimiento y cumplimiento de normas en espacios privados de alto flujo.
La madrugada que cambió todo
La madrugada del 8 de abril de 2025, el desplome ocurrió mientras el establecimiento realizaba una presentación artística, en una noche que terminó convertida en una de las mayores tragedias civiles del país, con un saldo de más de 230 fallecidos y cientos de heridos, según reportes de prensa y recuentos posteriores.
El desastre dejó entre las víctimas a personas reconocidas del ámbito social, artístico, deportivo y empresarial, lo que intensificó el impacto nacional de la tragedia. El colapso ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez se presentaba en el establecimiento, y entre los fallecidos figuraban personalidades ligadas a la vida pública del país. Sus muertes generaron una profunda conmoción colectiva, acompañada de homenajes y expresiones de duelo en distintos sectores, transformando el suceso en un episodio que trascendió las pérdidas individuales y quedó grabado en la memoria de la sociedad dominicana.
El local acumulaba décadas de operación y había enfrentado un incendio en 2023, tras el cual la estructura fue “reforzada”, según la versión atribuida a la administración.
Duelo nacional y respuesta
Tras el siniestro, el Poder Ejecutivo declaró duelo nacional por tres días, mediante el Decreto 194-25, y luego lo extendió por tres días adicionales con el Decreto 195-25, en medio de una emergencia que movilizó a organismos de rescate y al sistema de salud.
Investigación, silencio institucional y primeras acciones del Ministerio Público
A un mes de la tragedia, persistían reclamos por la falta de un informe oficial sobre las causas del colapso, mientras el Ministerio Público avanzaba con medidas como la incautación del terreno donde operaba la discoteca.
En ese mismo período, se reportó el depósito de querellas y denuncias en la Fiscalía del Distrito Nacional, incluyendo acciones que señalaban a los propietarios y, en algunos casos, también al Estado por presunta negligencia de supervisión municipal.
El caso en tribunales: imputados, peritajes y etapa preliminar
Con el paso de los meses, el expediente evolucionó hacia la fase preliminar, con múltiples querellas, peritajes y debates sobre responsabilidades. En ese marco, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, como los vinculados a la administración del establecimiento, enfrentan señalamientos por homicidio involuntario y negligencia.
El proceso tomó un giro relevante cuando se fijó el inicio del juicio preliminar para el 12 de enero de 2026, fecha que colocó el caso nuevamente en el centro del debate público.
Ese mismo día, se reportó un aplazamiento de la audiencia preliminar para el 16 de marzo, decisión que provocó reacciones de indignación entre familiares de víctimas.
Más allá del caso: las “deudas pendientes” que dejó la tragedia
A once meses del colapso, el Jet Set reabrió el debate sobre la fiscalización de edificaciones privadas, la seguridad en espacios de entretenimiento y las debilidades del marco regulatorio para prevenir tragedias de esta magnitud.
En ese contexto, el caso se ha convertido en un termómetro de la capacidad institucional para ofrecer verdad, justicia y garantías de no repetición, mientras el país se acerca al primer año de una tragedia que sigue dejando preguntas abiertas.
