Santo Domingo. – Entre 2013 y 2014, Carlos Ramón Salcedo Camacho se convirtió en uno de los mayores beneficiarios de sentencias judiciales contra el Estado dominicano, al recibir casi 150 millones de pesos en dos procesos distintos.
El primer pago, de 141 millones de pesos, le fue otorgado en 2013 tras una sentencia de amparo dictada en 2012. El caso estaba vinculado a una deuda del Instituto Agrario Dominicano (IAD) con los sucesores de Oliver Cromwell Arthur Connor, de quienes Salcedo Camacho habría adquirido los derechos.
Pero la historia no terminó ahí. Solo un año después, en 2014, Salcedo recibió otros 8.3 millones de pesos, esta vez como resultado de una cesión de derechos relacionada con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la empresa Servicios y Construcciones Espaillat, en cumplimiento de una sentencia emitida en 2009.
El Estado sigue pagando caro sus fallos del pasado
Ambos pagos forman parte de una larga lista de sentencias judiciales que el Estado dominicano ha tenido que acatar, muchas veces años después de haber sido emitidas. Estos casos reflejan no solo deudas heredadas, sino también fallas en la administración pública, negligencia institucional y ausencia de mecanismos eficaces para evitar el crecimiento de este tipo de compromisos financieros.
Aunque no se han presentado acusaciones de irregularidad directa en los casos que involucran a Salcedo Camacho, su situación ilustra cómo particulares pueden beneficiarse de fallos judiciales millonarios, muchas veces sin que se haya producido una revisión exhaustiva de la legalidad de los acuerdos o sentencias previas.
