Santo Domingo, RD. – La reciente aprobación en primera lectura del proyecto de reforma al Código Procesal Penal (CPP) ha desatado un amplio debate entre juristas quienes advierten que algunos de sus artículos podrían representar un retroceso en materia de garantías judiciales.
Entre los puntos más cuestionados figura el artículo 25, que según expertos abre la posibilidad de aplicar la analogía o la interpretación extensiva a todos los actores del sistema de justicia penal, incluidas las autoridades encargadas de la persecución penal.
De acuerdo con los críticos, esta disposición ampliaría el margen de actuación del Ministerio Público y de los jueces más allá de lo que la ley prevé expresamente, lo que podría afectar los derechos fundamentales de los acusados, en contravención con el principio de legalidad y la Constitución dominicana.
¿Qué es la analogía en Derecho?
En el ámbito jurídico, la analogía es un método de aplicación de la ley que consiste en extender una norma existente a un caso no previsto expresamente, basándose en la semejanza esencial entre ambos supuestos.
Código Procesal Penal. Fuente externa.
Código Procesal Penal. Fuente externa.
En otras palabras, cuando no existe una norma específica para un caso, se aplica una que regule una situación parecida, por tener la misma “razón jurídica”.
En materia civil o administrativa, la analogía puede utilizarse legítimamente para llenar vacíos legales.
Sin embargo, en el Derecho Penal y Procesal Penal está prohibida en perjuicio del imputado, porque significaría crear delitos, penas o procedimientos no previstos por la ley, lo que vulneraría el principio de legalidad, base del Estado de derecho.
Lo que dice el artículo 25 del proyecto aprobado en el Senado
Según el texto aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, el artículo 25 del proyecto de modificación plantea que “la analogía y la interpretación extensiva podrán aplicar a todos los actores del sistema procesal”.
Para algunos juristas, esta redacción representa un riesgo directo para las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Argumentan que permitir la aplicación extensiva de estas figuras otorgaría al Ministerio Público facultades para interpretar la ley penal de forma amplia o creativa, algo que está expresamente prohibido en los estándares internacionales de derechos humanos.
La interpretación extensiva: otra figura en discusión
Junto a la analogía, el proyecto introduce también la posibilidad de la interpretación extensiva, que busca ampliar el sentido de una norma existente para cubrir casos similares no expresamente mencionados.
Aunque esta herramienta es común en el Derecho civil o administrativo, en materia penal su uso también está limitado, ya que puede implicar extender el alcance del castigo o del procedimiento en perjuicio del acusado.
El proyecto fue devuelto a comisión y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, indicó que la misma sería evaluada con detenimiento.
Tras una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró como inconstitucional el texto aprobado en 2015, el Congreso tiene hasta el mes de diciembre para completar la modificación, de lo contrario, entraría en vigor nuevamente la Ley del 2002.
El Presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que el proyecto de reforma al Código Procesal
Penal se estudia con responsabilidad, apertura y la participación activa de todos los sectores, con el
propósito de aprobar una legislación moderna, constitucional y ajustada a las necesidades del sistema de
justicia dominicano.
Ricardo de los Santos respondió a las observaciones planteadas por la Fundación Institucionalidad y
Justicia (FINJUS), que ha advertido sobre posibles inconsistencias en algunos artículos del proyecto. Explicó que, precisamente, para fortalecer el texto, el Senado decidió reenviar la iniciativa a la Comisión de Justicia encargada de su estudio, donde se realizan las revisiones necesarias.
El legislador destacó que la comisión ha trabajado con altura, transparencia y apertura, escuchando a todos los actores del sistema judicial y de la sociedad civil. En ese proceso han participado representantes de la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Oficina Nacional de Defensa
Publica , la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, así como otros sectores interesados.
