Dentro de pocos años, la República Dominicana enfrentará uno de los mayores conflictos sociales de su historia moderna. No se trata de una crisis bancaria ni de una recesión económica. Se trata de algo más profundo: la frustración de millones de trabajadores que descubrirán que el dinero que ahorraron durante toda su vida para su retiro nunca estuvo realmente en sus manos.
Ese problema tiene nombre y apellido: el diseño actual del sistema de pensiones establecido por la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Durante más de dos décadas, el país ha promovido el sistema de capitalización individual como la solución moderna para garantizar una vejez digna. Bajo esa narrativa, los trabajadores aportan una parte de su salario cada mes a una cuenta personal administrada por una AFP, con la expectativa de que ese dinero se acumule, genere rendimientos y financie una pensión suficiente al momento del retiro.
La realidad que hoy comienza a revelarse es radicalmente distinta. Mi propio caso personal ilustra con crudeza la dimensión del problema. A pocas semanas de cumplir 55 años, decidí solicitar información formal sobre las opciones de retiro disponibles con el fondo acumulado en mi cuenta de capitalización individual, que asciende aproximadamente a RD$ 11 millones.
Cualquier análisis financiero básico indica que un capital de esa magnitud, invertido en el mercado dominicano a las tasas actuales entre 9 % y 10 % anual puede generar entre RD$ 80,000 y RD$ 90,000 mensuales solo en intereses, sin tocar el capital.
Sin embargo, la pensión que el sistema propone mi AFP es de apenas RD$ 54,000 mensuales. Es decir, mucho menos de lo que ese mismo dinero produciría si el trabajador pudiera administrarlo directamente.
PERO LO VERDADERAMENTE ALARMANTE es lo que ocurre detrás de ese cálculo. Cuando se consulta con detalle el mecanismo de pago, se descubre que esa pensión no proviene exclusivamente del rendimiento del fondo. En realidad, el sistema va descontando parte del capital acumulado del propio trabajador para financiar la pensión que le paga.
En otras palabras, el afiliado se está pagando su propia pensión con su propio dinero hasta agotar los 11 millones, mientras el capital que acumulé quedará para siempre en las manos de la AFP a la cual pertenezco.
Esto significa que el trabajador dominicano NO tiene derecho al dinero que acumuló durante décadas, NI tampoco tendrá la posesión real de ese capital, al menos que tenga una enfermedad terminal, o muera y si a la AFP le da el deseo entregar ese dinero a los herederos legítimos.
El problema se vuelve aún más preocupante y ABUSIVO cuando se analiza la opción de renta vitalicia ofrecida por aseguradoras.
En ese modelo, la pensión inicial podría rondar los RD$ 72,000 mensuales, pero con una cláusula que establece que después de diez años el monto se reduce prácticamente a la mitad, cayendo a unos RD$ 36,000 mensuales.
La pregunta es inevitable: ¿qué dominicano podrá vivir dentro de diez años con RD$ 36,000 mensuales cuando tenga 65 o 70 años de edad?
Y la situación se vuelve todavía más injusta si el afiliado fallece poco tiempo después de contratar la renta vitalicia. Si una persona muere a los pocos meses de haberse pensionado, el capital acumulado durante décadas puede desaparecer del patrimonio familiar, salvo en circunstancias muy limitadas previstas en la ley.
Es decir, el ahorro de toda una vida terminará transferido a la Aseguradora sin beneficiar a la familia del trabajador.
Este diseño crea una contradicción profundamente injusta: el trabajador ahorra durante 30 años, pero nunca llega a ser realmente dueño de su propio ahorro previsional.
La dimensión del problema apenas comienza a vislumbrarse. En los próximos cinco a diez años, miles de trabajadores dominicanos empezarán a completar las 360 cotizaciones requeridas por la ley y descubrirán que sus pensiones serán dramáticamente inferiores a sus ingresos laborales.
En muchos casos, la llamada tasa de reemplazo —la relación entre la pensión y el salario previo podría situarse entre un 10 % y un 17 % del ingreso que el trabajador tenía en su vida activa. Cuando esa realidad se haga evidente para cientos de miles de dominicanos, el país enfrentará un problema social de enorme magnitud.
El sistema previsional dominicano fue diseñado en el año 2001 bajo supuestos demográficos, financieros y laborales muy distintos a los actuales. Veinticinco años después, la evidencia demuestra que el modelo necesita una revisión profunda y urgente.
El Congreso Nacional no puede seguir posponiendo esta discusión.
El sistema de pensiones de la República Dominicana requiere una reforma profunda e impostergable. A lo largo de los últimos años, múltiples actores han coincidido en esta necesidad: algunas propuestas han sido planteadas por las propias AFP, otras por afiliados del sistema, por analistas económicos y por especialistas en seguridad social. Sin embargo, la discusión no puede limitarse a ajustes marginales. Se requiere una revisión estructural del modelo, tomando como referencia experiencias internacionales que han buscado equilibrar sostenibilidad financiera con justicia social.
La realidad es que, tras más de dos décadas de funcionamiento del sistema de capitalización individual, los trabajadores han cargado con la mayor parte de los costos y de los riesgos del modelo, mientras que los beneficios proyectados en materia de pensiones dignas aún no se materializan para una gran parte de los afiliados. Muchos trabajadores que han acumulado fondos importantes durante décadas descubren, al momento de acercarse a la edad de retiro, que las pensiones estimadas resultan significativamente inferiores a lo que podrían generar sus propios ahorros en el mercado financiero.
Por esta razón, cualquier reforma seria debe analizar modelos internacionales que combinen capitalización individual, mecanismos solidarios y mayor flexibilidad para los afiliados, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del sistema. Países como Chile, Suecia, Canadá o incluso algunos esquemas europeos han introducido ajustes que buscan equilibrar los intereses de administradoras, Estado y trabajadores.
En ese contexto, considero que la reforma debe partir de un principio fundamental: el sistema debe estar orientado a maximizar el bienestar del trabajador afiliado, quien es el verdadero propietario de los recursos acumulados en su cuenta individual. Bajo esa premisa, propongo que dentro del proceso de reforma se evalúen medidas concretas como la siguiente:
Primero, permitir que los afiliados puedan retirar total o parcialmente su capital acumulado cuando el monto de la pensión proyectada resulte claramente insuficiente.
Segundo, ofrecer al trabajador mayor libertad para decidir cómo invertir su ahorro previsional, incluyendo instrumentos como fondos de inversión inmobiliaria, proyectos productivos, infraestructura o desarrollo agrícola.
Tercero, garantizar que el capital acumulado sea plenamente heredable por la familia del afiliado.
Y cuarto, establecer esquemas de retiro programado que realmente reflejen las tasas de rendimiento del mercado financiero.
Si estas reformas no se realizan a tiempo, la República Dominicana corre el riesgo de enfrentar una realidad extremadamente dura: un sistema previsional que durante décadas prometió seguridad en la vejez, pero que en la práctica terminó convirtiéndose en una de las mayores frustraciones económicas de los trabajadores dominicanos.
Porque ningún sistema de pensiones puede considerarse justo cuando el trabajador aporta durante toda su vida… y al final descubre que el dinero que creyó suyo nunca estuvo realmente en sus manos.
Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo [email protected], o en Instagram @Jesusgeraldomartinez.
