La Contraloría General de la Republica (CGR) puso bajo la lupa más de RD$6,400 millones ejecutados por el 9-1-1 durante la gestión del coronel Rodolfo Rijo Gómez, tras detectar falta de estados financieros propios, compras fuera de planificación y debilidades en el control de bienes públicos, durante un auditoria realizada a la entidad.
La revisión, que abarcó el período del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, examinó control interno, tesorería, bienes, cuentas por pagar, ciclo presupuestario, inventarios, gestión humana y compras. Aunque la entidad obtuvo una calificación de 95 % en las Normas Básicas de Control Interno, los hallazgos muestran que la planificación financiera y la ejecución real no avanzaron al mismo ritmo.
Uno de los puntos más delicados es que el 9-1-1, pese al volumen de recursos que maneja, no elabora estados financieros propios. La observación contraviene la Ley 10-07 sobre Control Interno y la Ley 126-01, que ordenan producir información contable y financiera básica para evaluar la situación económica de los organismos públicos.
Durante los dos años auditados, la institución recibió una asignación presupuestaria vigente de RD$ 6,908,459,900 y ejecutó RD$6,476,711,441, equivalente al 94% del total disponible. En 2023 ejecutó RD$ 2,943,256,362 de RD$ 3,268,769,372, mientras que en 2024 el gasto ascendió a RD$ 3,533,451,678 de un presupuesto de RD$ 3,639,686,627.
La alta ejecución presupuestaria no constituye, por sí sola, un problema. El punto crítico es que ese gasto no estuvo acompañado de estados financieros elaborados por la propia entidad, una ausencia que limita la transparencia, debilita la rendición de cuentas y dificulta verificar con claridad cómo se reflejaron los recursos ejecutados en la situación patrimonial y financiera del 9-1-1.
Sobre este punto, la entidad dijo que elabora un balance mensual con reportes del sistema y conciliaciones bancarias para el portal de transparencia. Además, indicó que en 2026 actualizará los datos manualmente y reforzará el proceso con más personal. Sin embargo, la Contraloría sostuvo que esos argumentos no desvirtúan el hallazgo y pidió un plan de acción.
Inventarios por RD$ 22.8 millones bajo controles débiles
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El informe también pone bajo observación los inventarios de materiales y suministros, valorados al 31 de diciembre de 2024 en RD$ 22,857,950. Entre las partidas más relevantes aparecen equipos ferreteros por RD$ 5,387,503, suministros de higiene y limpieza por RD$ 4,429,980, materiales de oficina por RD$ 3,853,386 y componentes y accesorios para vehículos por RD$ 2,112,733.
La auditoría detectó que los espacios de almacenamiento también funcionaban como oficinas administrativas, una práctica que compromete la seguridad, la organización y la custodia de los bienes. Además, encontró materiales sin codificación física visible, registros desactualizados e inconsistencias entre el auxiliar de inventarios y los formularios remitidos a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Una de las señales de las anomalías fue la diferencia hallada en 17 de los 61 artículos seleccionados durante el conteo físico. A ello se sumó una inconsistencia de RD$ 1,514,816 entre el auxiliar de inventarios y los formularios de cierre fiscal. En una institución de emergencia, esas fallas afectan la trazabilidad, abren espacio a pérdidas y reducen la confiabilidad de la información oficial.
En su respuesta a la Contraloría, la entidad indicó que arrendó una nave para reubicar el almacén y que en 2026 adquirirá equipos de lectura para controlar los insumos. También afirmó que documentó las salidas vinculadas al conteo físico. No obstante, la Contraloría mantuvo el hallazgo, al considerar que las medidas aún están en proceso.
En relación con la diferencia de RD$ 1,514,816, el 9-1-1 alegó que no había inconsistencias reales, sino una comparación entre bienes de consumo y activos fijos. Sin embargo, la Contraloría respondió que aún existían bienes con características de activos fijos dentro del inventario de materiales y suministros, por lo que mantuvo el hallazgo.
Activos por RD$ 6,320 millones con registros inconsistentes
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La situación de mayor peso patrimonial aparece en el capítulo de bienes muebles e inmuebles. Al cierre de 2024, el 9-1-1 registraba bienes por RD$ 6,320,345,517 en el auxiliar de activos fijos del Sistema de Administración de Bienes. Sin embargo, la auditoría encontró manuales desactualizados, bienes sin codificación, vehículos sin rotulación, activos pendientes de descargo ante Bienes Nacionales y bienes nuevos mezclados con otros deteriorados u obsoletos.
El hallazgo de mayor impacto económico es la diferencia entre las adiciones registradas en el SIAB y las que figuran en la ejecución presupuestaria. En 2023, las adiciones según el SIAB ( Sistema de Administración de Bienes) fueron RD$166,324,980, frente a RD$722,573,326 reportados en la ejecución presupuestaria, para una diferencia de RD$556,248,346. En 2024, el contraste fue todavía mayor: RD$209,547,541 en el SIAB frente a RD$945,471,885 en la ejecución, con una diferencia de RD$735,924,344.
En total, la auditoría registra una brecha de RD$1,292,172,690 entre las adiciones del sistema de bienes y la ejecución presupuestaria de 2023 y 2024. Esa diferencia pone en duda la calidad del registro patrimonial: si lo comprado no se incorpora oportunamente al sistema de activos, se debilita la capacidad de saber qué tiene la institución, dónde está, quién lo custodia y en qué estado se encuentra.
Sobre ese punto, la institución dijo que pidió crear políticas para catastro, inventario, conservación, mantenimiento y transferencia de bienes. Además, reportó gestiones ante DIGECOG (Dirección General de Contabilidad Gubernamental) y Bienes Nacionales para explicar variaciones, descargos, reclasificación y etiquetado. No obstante, la Contraloría mantuvo los hallazgos y pidió completar esas acciones con un plan formal.
Vehículos sin rotular y transferencias sin soporte
El informe también pone el foco en el parque vehicular. De una muestra de 73 vehículos, 13 no estaban rotulados, pese a las disposiciones que exigen identificar los vehículos estatales con el logo y el nombre de la institución, salvo excepciones justificadas por seguridad o protocolo.
La auditoría también identificó seis camionetas cedidas o transferidas a la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado sin documentación que respaldara formalmente la operación. No se evidenciaron actos administrativos, convenios, autorizaciones ni registros que permitieran dar trazabilidad a esa transferencia.
En materia de control público, esos hallazgos son relevantes. Un vehículo oficial sin rotulación o transferido sin soporte documental no es solo un activo mal registrado: puede convertirse en un bien difícil de rastrear, vulnerable al uso indebido y fuera de los controles patrimoniales que deben proteger los recursos del Estado.
La entidad dijo que algunos vehículos sin rotular apoyan labores de seguridad e inteligencia y que actualizará su política de transporte. También afirmó que preparó un acto de donación pendiente de firma para las seis camionetas transferidas. No obstante, la Contraloría mantuvo los hallazgos y pidió completar la documentación.
Compras por RD$ 4,358 millones fuera de la planificación
El capítulo de compras concentra el eje más fuerte del informe. Entre 2023 y 2024, el 9-1-1 ejecutó RD$4,358,814,398 en contrataciones, pero la auditoría encontró diferencias relevantes entre lo que se había programado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones y lo que finalmente se ejecutó.
Para 2023, el PACC ( Plan Anual de Compras y Contrataciones) consignaba RD$ 1,918,516,752, mientras lo ejecutado fue RD$ 849,649,293, una diferencia de RD$ 1,068,867,459. En 2024 ocurrió lo contrario: el plan registraba RD$ 1,374,133,523, pero la ejecución alcanzó RD$ 3,509,165,105, con una variación de RD$ 2,135,031,582. Además, el informe señala 15 procesos adjudicados que no fueron incluidos en el plan anual, por un monto de RD$ 52,536,310.
La planificación de compras no es un requisito de forma: es la herramienta que permite prever necesidades, ordenar prioridades y explicar por qué se gasta. Cuando una institución ejecuta montos tan distintos a los previstos, y además adjudica procesos que no estaban incluidos en su plan anual, el problema deja de ser contable y pasa a ser una alerta sobre cómo se toman las decisiones de gasto.
En ese sentido, la institución informó que desde el 23 de noviembre de 2023 exige autorización formal de la máxima autoridad para compras no previstas en el POA (Plan Operativo Anual) o el PACC. Sin embargo, la Contraloría precisó que los correctivos se aplicaron después y que, aunque la situación fue subsanada, el hallazgo seguía vigente al momento de la auditoría.
Una alerta sobre controles, no solo sobre papeles
El informe no acusa por sí mismo la comisión de delitos, pero sí documenta una falla de fondo: recursos ejecutados, compras realizadas y bienes administrados sin que todos los soportes financieros, patrimoniales y de planificación caminaran con la misma claridad.
El 9-1-1 es una entidad estratégica porque interviene en situaciones de emergencia que impactan la vida diaria de la población. Por eso, sus controles no pueden quedarse en el papel: cada peso ejecutado, cada vehículo asignado, cada equipo almacenado y cada compra realizada deben poder seguirse con claridad desde el presupuesto hasta su uso final.
