Un proyecto de ley presentado en Bolivia que contempla la posibilidad de aplicar la esterilización obligatoria, bajo control judicial, a mujeres en situación de calle generó rechazo de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de derechos humanos, que advirtieron que la medida vulneraría derechos fundamentales.
La iniciativa fue presentada por el diputado suplente Néstor Rodríguez, de Unidad, una alianza opositora de centro, con el argumento de favorecer la reinserción social de personas en situación de calle y atender especialmente los casos de mujeres que consumen drogas o sustancias inhalantes y tienen hijos en esas condiciones.
El proyecto establece inicialmente que cualquier procedimiento de anticoncepción definitiva deberá contar con el consentimiento libre, previo e informado de la persona. Sin embargo, contempla que, una vez “agotadas las instancias pertinentes”, la esterilización pueda pasar a ser obligatoria y aplicarse bajo control judicial.
Rodríguez explicó que la propuesta surgió a partir de la situación que, según dijo, observa entre mujeres y niños que viven en las calles y están expuestos al consumo de sustancias.
“La idea surge al ver la situación en la que están ahora las mujeres y sus bebés que inhalan clefa (un tipo de pegamento altamente inflamable). El proyecto de ley es una manera de buscar una nueva forma de vida”, declaró Rodríguez.
El documento fue presentado hace varias semanas y, según el legislador, deberá ser tratado inicialmente en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Rodríguez sostuvo que la iniciativa busca responder a “la necesidad” de las personas en situación de calle de reinsertarse en la sociedad y explicó que cualquier eventual procedimiento estaría precedido por evaluaciones médicas y psicológicas.
“Primero se verá la historia clínica de cada persona, será evaluada por un médico y un psicólogo, será una atención integral y al final se procederá con la esterilización”, explicó.
El diputado también dejó abierta la posibilidad de modificar el artículo referido a la esterilización obligatoria cuando la comisión legislativa analice el proyecto.
El artículo 15 de la propuesta establece que la obligatoriedad podría aplicarse “bajo control judicial”, con el argumento de que los recién nacidos pueden ser “inmersos para trata y tráfico”.
La comunicadora y activista feminista Patricia Flores calificó la iniciativa como “inaceptable, discriminatoria y atentatoria contra la vida humana”.
“Está planteando lo que en un momento la humanidad calificó como una suerte de limpieza étnica porque él está pensando en dirigir su mirada a mujeres indígenas en situación de calle y extrema pobreza, personas que no valen como futuros ciudadanos”, afirmó Flores.
La activista sostuvo además que, en lugar de recurrir a medidas de ese tipo, el Estado debería destinar mayores esfuerzos y recursos a evitar que las personas terminen viviendo en condiciones de extrema pobreza.
La Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron “su más profundo rechazo y preocupación” por la propuesta.
“La institución defensorial recuerda que la esterilización forzada constituye una grave violación de los derechos humanos y vulnera, entre otros, los derechos a la dignidad, la integridad personal, la libertad, la vida privada y familiar, la igualdad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, señala el documento.
Las organizaciones recordaron además que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las decisiones sobre el cuerpo y la salud reproductiva corresponden exclusivamente a cada mujer y no pueden estar sujetas a coerción.
La Defensoría y las organizaciones exhortaron al Legislativo y a las demás autoridades del Estado a actuar dentro del marco de la Constitución boliviana y a descartar cualquier propuesta que vulnere la dignidad humana mediante la esterilización obligatoria.
EFE
