Más de 50 padres y cónyuges de militares estadounidenses en servicio activo han sido detenidos desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, tras el endurecimiento de las políticas migratorias para las familias de integrantes de las Fuerzas Armadas, según una investigación de The Associated Press.
La investigación identificó al menos 51 casos. Seis personas fueron deportadas y ocho permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias federales. La cifra real podría ser mayor debido a que el Gobierno estadounidense no registra estas detenciones de manera específica.
Durante décadas, los familiares directos de militares estuvieron generalmente protegidos frente a la deportación mediante políticas respaldadas por gobiernos republicanos y demócratas. Sin embargo, una disposición aplicada desde abril de 2025 estableció que el servicio militar de un familiar no exime a una persona de las consecuencias de infringir las leyes migratorias.
La AP encontró que padres y cónyuges han sido detenidos incluso mientras intentaban regularizar su situación mediante programas disponibles para las familias de militares, como el denominado permiso de permanencia temporal para militares, conocido en inglés como military parole-in-place.
Este beneficio permite que determinados padres, hijos y cónyuges de militares activos o veteranos soliciten un estatus legal sin abandonar Estados Unidos. No obstante, su aprobación depende de una evaluación individual y no garantiza automáticamente la permanencia en el país.
Las detenciones han provocado que algunos militares soliciten licencias, retrasen sus despliegues o asuman solos el cuidado de sus hijos. Expertos en asuntos migratorios y militares advierten que la situación podría afectar la concentración, preparación y desempeño de los soldados.
“¿Cómo puedo concentrarme siquiera en mi carrera militar si tengo que preocuparme por cómo está mi esposa?”, expresó el sargento del Ejército Hedar Leonel Turcios Juárez.
Su esposa fue detenida en julio frente a un establecimiento Walmart, en presencia de la hija de seis años de la pareja, mientras Turcios Juárez se encontraba destinado en Fort Bliss, Texas.
Algunas detenciones generaron rechazo público y motivaron la intervención del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para gestionar la liberación de familiares de militares. Mullin ocupa el cargo desde marzo de 2026.
Para elaborar el recuento, la AP analizó miles de expedientes de tribunales federales recopilados por Habeas Dockets, un proyecto de la Immigration Justice Transparency Initiative. También revisó informaciones periodísticas y verificó los casos con familiares y abogados.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que no recopila estadísticas específicas sobre familiares de militares detenidos. La institución señaló que, entre los casos identificados, al menos siete personas habían sido expulsadas anteriormente, ocho tenían órdenes de deportación y dos contaban con condenas relacionadas con conducción bajo los efectos del alcohol o delitos de drogas.
“El DHS y el ICE valoran las contribuciones de todos aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, expresó el departamento.
La entidad agregó que el servicio militar “no otorga automáticamente un estatus migratorio legal ni exime a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes migratorias de Estados Unidos”.
El Pentágono declinó comentar los resultados de la investigación.
