La propuesta del senador de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Omar Fernández, que procura la indexación salarial para liberar de Impuestos Sobre la Renta (ISR) los sueldos de hasta RD$52,000 mensuales ha destapado una olla de grillos en el ámbito político, económico y empresarial.
La pugna entre opositores y oficialistas gira en torno a lo que establece el artículo 327 del Código Tributario, de ajustar los salarios de acuerdo a la inflación, compromiso que no se emplea desde el año 2017.
La justificación del Gobierno radica en que se pondría en peligro los programas sociales si cumple con el mandato de ley, ya que comprometería seriamente las finanzas estatales.
Sin embargo, legisladores de la oposición, capitaneados por el senador de la capital, han dejado claro que no votarán por el proyecto de Ley General de Presupuesto para el año 2026, si no se contempla la indexación salarial.
De su lado, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), entidad de Gobierno, se ha mostrado de acuerdo con la indexación, pero no a expensas de la reducción de subsidios o de deteriorar la recaudación fiscal.
“Ampliar la exención mediante indexación erosionaría aún más la base tributaria del ISR en RD, dado que se combina con una de las tasas marginales más bajas de la región”, sostuvo la Secretaría de Asuntos Económicos del PRM.
El rechazo a la propuesta de congresista opositor también incluye a los diputados oficialistas, quienes califican como una propuesta «politiquera» y «populista» la iniciativa para aplicar la indexación salarial.
Así lo evidenció el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien indicó que la propuesta de indexación salarial presentada por Omar es atractiva en el discurso, pero carece de sustentación económica real.
«El liderazgo tiene que tener la responsabilidad de hacer propuestas creíbles y viables», señaló Pacheco, al comparar la idea con promesas populistas como abaratar productos sin considerar sus costos reales.
Otro que tampoco se quedó atrás al rechazo de la propuesta del senador de la Fuerza del Pueblo fue el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, argumentando que cuando dirigieron el Gobierno desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no se preocuparon por indexar los salarios.
“Fueron gobierno y no hicieron indexación salarial”, opinó el senador por la provincia Sánchez Ramírez.
Respaldo de sindicalistas y empresario
Pese al amplio rechazo oficialista, tanto en el Congreso Nacional como en el Poder Ejecutivo, la propuesta del congresista opositor ha encontrado respaldo en el sector trabajador y empresarial.
Así lo señalaron las dos principales confederaciones sindicales del país, quienes respaldaron la iniciativa por entender que va en beneficio de proteger el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
Por separado, los sindicalistas Gabriel del Río y Pepe Abreu se mostraron de acuerdo con liberar de impuestos aquellos salarios inferiores a RD$52,000 mensuales, tal como lo plantea el Código Tributario.
En ese tenor, Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), argumentó que es necesario que se aplique la ley.
“No es posible que un sector trabajador que gana poco se le descuente”, expuso el gremialista.
De su lado, Rafael -Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), establece que es un deber del Estado generar las condiciones para que el trabajador y su familia estén mejor.
“El trabajador sea público o sea privado, lo que hace con su con su salario es por lo general adquirir artículos de primera necesidad”, destacó Abreu.
A la lista de respaldo se sumó el reconocido empresario, José Alfredo Corripio, líder del Grupo Corripio, quien externó su apoyo a la propuesta que busca indexar los salarios de los trabajadores de acuerdo con la tasa de inflación.
El empresario precisó que la medida es una actualización necesaria, conforme a lo que ya establece el Código Tributario dominicano, para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo debido a la inflación.
“Totalmente de acuerdo, todo lo que sea beneficiar al sector asalariado en este país, yo lo veo bien. Porque haciendo los cálculos y viendo lo que gana y lo que cuesta mantener una familia, lo que cuesta un colegio, la educación, la salud y la comida, desde el punto de vista de uno que es un privilegiado en la sociedad, yo hago los cálculos y no veo forma como con un salario mínimo se pueda llevar una vida digna”, remarcó el empresario.
El Poder Ejecutivo depositó a finales de septiembre en el Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto General de Estado para el año 2026, que asciende a un 1 billón 744 mil millones de pesos.
La pieza es estudiada por una comisión bicameral, y desde ya, legisladores opositores, encabezados por Omar Fernández, han dejado claro que no votarán por el mismo, si se mantiene el bloqueo para la indexación salarial de hasta 52 mil pesos.
