La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la condena de 20 años de prisión contra Ángel Alexander Aquino, Víctor Javier García Suazo y Jeremy Polanco Mieses, tras ser hallados culpables de asociación de malhechores, robo agravado y violación sexual, en perjuicio de varias víctimas a quienes privaron de su libertad y despojaron de sus pertenencias.
La decisión judicial fue adoptada a solicitud de la Unidad Antisecuestro del Ministerio Público, dependencia de la Dirección General de Persecución, que sustentó el expediente ante los tribunales.
El tribunal de alzada, integrado por Ramona Rodríguez López, Rafael A. Báez García y Daisy Indhira Montás Pimentel, rechazó el recurso de apelación presentado por los imputados, al considerar que la sentencia impugnada está debidamente motivada en los hechos y el derecho.
De acuerdo con la acusación, los condenados formaban parte de una red criminal que operaba desde el sector Guachupita, en el Distrito Nacional, dedicada a contactar hombres a través de aplicaciones de citas para luego someterlos bajo amenazas, golpearlos, violarlos y robarles. En la estructura también participaban dos menores de edad, procesados en la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, y un prófugo identificado solo por su nombre de pila.
El primer hecho ocurrió el 6 de diciembre de 2023, cuando la banda citó a una víctima con fines de robo, lo amenazó con un cuchillo, lo agredió sexualmente y le sustrajo un teléfono Iphone 13 Pro Max.
Posteriormente, usaron ese aparato para contactar a una segunda víctima, a quien, bajo engaño, citaron el 10 de diciembre del mismo año, repitiendo el patrón de violencia y despojo.
La investigación, dirigida por la Unidad Antisecuestro con el apoyo de la Policía Nacional y la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi), permitió recuperar parte de las pertenencias vendidas por los agresores.
La sentencia original fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Jissele Naranjo, Emely Bruno y Katherine Rubio, que impuso 20 años de prisión a cada acusado, a cumplir en los centros de corrección de El Pinito (La Vega), Najayo (San Cristóbal) y San Pedro de Macorís.
El fiscal litigante Claudio Cordero destacó que la ratificación de la condena “confirma una investigación oportuna y una sentencia justa que hace honor al trabajo del Ministerio Público y a la búsqueda de justicia para las víctimas”.
