
La exministra de Salud y directora ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Altagracia Guzmán Marcelino, responsabiliza a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) de la crisis que sufre la administradora estatal.
En el expediente enviado por el Gobierno a la Procuraduría General de la República (PGR) este fin de semana, debe figurar el nombre del superintendente de Salud, Miguel Ceara Hatton, considera.
“El superintendente, como responsable de fiscalizar debe estar en ese expediente, es una charlatanería, sabía todo lo que había y dejó que pasara ese desorden”.
De acuerdo a Guzmán Marcelino, el primer ahorro que tendría la aseguradora suspender el llamado a auditoría, porque hay una investigación curso a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la misma Sisalril en materia financiera.
A la entidad le corresponde investigar el origen del hoyo financiero en Senasa, enfatiza. Observa que la auditoría que ahora busca la institución supera el millón de pesos.
Opina que el Gobierno debe transferir al menos RD$2,000 millones al seguro del Estado, pero debe evaluarse dónde se van a invertir esos recursos, en coordinación con los actores y haciendo compra con economía de escala.
Intervención urgente
Según Guzmán Marcelino, se debe cortar gastos superfluos, cerrar las oficinas en Estados Unidos y colocar el proceso de afiliación en los consulados, así como pagar las prestaciones al alto porcentaje que se va a desvincular. Plantea además que se reduzcan gastos de combustibles.
Para la exjecutiva del seguro. se debe congelar la compra de vehículos y no realizar ninguna actividad festiva; revisar la política salarial y de bonos; que los gastos administrativos necesarios y nuevos solo estén dirigidas a las gerencias de tecnología, salud y financiera.
Recomienda hacer un diagnóstico sobre personal competente que se necesita y reclutar, en principio, técnicos de calidad en las áreas de tecnología, financiera y salud.
Otras recomendaciones
La doctora Guzmán Marcelino recomienda que el Servicio Nacional de Salud alquile locales, mínimo mil locales y los habilite de manera urgente para garantizar que la población afiliada y no afiliada tenga garantizados los servicio de atención a la salud del primer nivel.
Igual que el Servicio Nacional de Salud identifique las necesidades perentorias en la red de salud existente a nivel nacional. Que los hospitales de alto costo se adecuen a las demandas de los servicios. Dice que si la red pública de servicios no mejora, no hay posibilidad de que garantice aseguramiento. Sugiere que los bonos que inyecten se avancen en pago a la red, con un diagnóstico previo.