La República Dominicana entra en una nueva etapa en materia de control y sanciones en las contrataciones públicas. Con la promulgación del Nuevo Código Penal (3 de agosto de 2025) y la Nueva Ley de Contrataciones Públicas (28 de agosto de 2025), el país se prepara para aplicar un marco legal más estricto, que combina sanciones administrativas y penales contra irregularidades en los procesos de compra y contratación del Estado.
El Código Penal entrará en vigor en agosto de 2026, mientras que la nueva ley de contrataciones regirá a partir de enero de 2026. Ambos cuerpos normativos buscan cerrar espacios a la corrupción y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Infracciones administrativas
La Nueva Ley de Contrataciones Públicas introduce sanciones que van desde multas hasta la inhabilitación definitiva de proveedores. Entre las faltas más relevantes se incluyen:
Aprobar procedimientos de selección que no correspondan según la cuantía o naturaleza de la contratación.
Autorizar contrataciones sin agotar los procesos legales.
Pactar de manera dolosa con funcionarios para obtener ventajas indebidas.
Los proveedores que incurran en faltas muy graves podrán ser suspendidos o eliminados del Registro de Proveedores del Estado, lo que les impediría volver a contratar con instituciones públicas.
Responsabilidad penal
El Nuevo Código Penal incorpora artículos específicos para sancionar delitos vinculados a la contratación pública:
Distracción de recursos (art. 305): si un funcionario y un particular se benefician de fondos públicos desviados, ambos pueden recibir de 4 a 10 años de prisión y multas hasta diez veces el monto involucrado.
Pago irregular de contratos (art. 306): los funcionarios que autoricen pagos a sabiendas de que la obra o servicio no se cumplió correctamente se exponen a penas de 5 a 10 años de prisión y multas de hasta diez veces el valor pagado.
Aunque estos artículos se enfocan en los funcionarios, también alcanzan a los proveedores que participen en las irregularidades.
Un cambio de cultura en la contratación
Este nuevo régimen supone un cambio de fondo: la transparencia y la legalidad ya no serán solo principios, sino obligaciones reforzadas con sanciones severas. Tanto las instituciones públicas como los proveedores deberán fortalecer sus controles internos, programas de cumplimiento y políticas de integridad.
De lo contrario, los riesgos no solo serán económicos o reputacionales, sino también penales.
