La justicia argentina realizó 16 allanamientos en el marco de una investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la que aparece mencionada Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y actual secretaria de la Presidencia, informaron fuentes judiciales a la AFP.
El caso se originó tras la filtración de supuestos audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien fue removido de su cargo el jueves. En esas grabaciones, cuya autenticidad aún no ha sido verificada por la justicia, Spagnuolo hace referencia a sobornos y menciona directamente a Karina Milei y a Eduardo Menem, subsecretario de Gestión.
“Están choreando (robando), te podés hacer el boludo (tonto), pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina”, se escucha en la voz atribuida a Spagnuolo en uno de los audios que circularon en medios locales.
La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón y coincide con un contexto político complejo: el Congreso acaba de revocar el veto presidencial a una ley que declara la emergencia en Discapacidad, destinando más fondos al sector, lo que significó un golpe político para Milei.
Allanamientos y pruebas incautadas
Los procedimientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello incluyeron una reconocida droguería que figura en los audios como presunto pagador de sobornos. En ese lugar, la justicia secuestró 266.000 dólares en sobres, además de teléfonos celulares, computadoras, documentos de compras y licitaciones de medicamentos y otros dispositivos electrónicos.
De acuerdo con la denuncia, la droguería allanada es uno de los principales proveedores de la ANDIS y habría participado en el supuesto esquema ilícito de sobornos vinculados con la provisión de medicamentos.
Hasta el momento, la justicia no ha ordenado detenciones ni formulado imputaciones, ya que la causa permanece bajo secreto de sumario.
Posibles delitos y silencio oficial
Según la presentación judicial, de comprobarse la veracidad de los audios, los hechos podrían constituir delitos de cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita, con afectación directa a los fondos públicos destinados a personas con discapacidad.
El Gobierno argentino se ha mantenido en silencio frente al escándalo y no ha emitido declaraciones oficiales sobre el caso.
Contexto político
El avance de esta investigación coincide con la campaña electoral de cara a las legislativas del 26 de octubre, donde se pondrá a prueba el nivel de apoyo ciudadano a la gestión de Javier Milei, autodefinido como presidente ultraliberal.
