El Tribunal Superior Administrativo (TSA) conocerá este miércoles 6 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana y de manera virtual, una acción de amparo preventiva interpuesta contra el Fideicomiso “Parquéate RD” por las multas de RD$5,000 impuestas a los conductores sancionados por estacionarse en lugares prohibidos.
Del monto total impuesto, RD$1,000 corresponden a la infracción registrada por la DIGESETT, mientras que los RD$4,000 restantes serán traslado del vehículo en grúa y su custodia en un depósito autorizado.
La audiencia, marcada con el rol número 19 y el expediente 2025-0193789, será conocida por la Cuarta Sala del TSA. El accionante es el abogado constitucionalista y exfiscal Cirilo De Jesús Guzmán López, mientras que el fideicomiso “Parquéate RD”, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), figura como parte demandada.
El cobro se hace así: Mil pesos se pagan en la página de la Procuraduría o un Banco de Reservas; los cuatro mil, se hace un depósito en el BR, en la cuenta: 9608371555, a nombre de “Parquéate RD” o por la APPMOVIPASS. Cada 24 horas se suman 400 pesos. El Centro de Detenciones está en la 27 de Febrero #368 casi esquina Dr. Defilló.
Desde el lunes 4 de agosto, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) iniciaron la fiscalización activa a conductores que se estacionen de manera incorrecta en las vías públicas del Distrito Nacional, esencialmente, como parte del programa “Parquéate RD”.
Cirilo De Jesús Guzmán López sostiene que el cobro de RD$5,000 es “arbitrario y carente de base legal expresa”, y alega que “viola principios constitucionales como el de legalidad”.
El jurista cita el párrafo III del artículo 242 de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y asegura que dicha disposición “no autoriza de manera expresa al fideicomiso a realizar estos cobros”.
El Fideicomiso Público “Parquéate RD”, por su parte, afirmó que el cobro de los RD$5,000 está respaldado legalmente por la Ley 63-17.
Según la entidad, “el monto adicional cubre los gastos operativos por el servicio de remolque y custodia del vehículo”, conforme establece el párrafo III del artículo 242. Además, destacan que esta disposición “se aplica incluso en casos como el robo de vehículos, lo que valida su uso también en infracciones de tránsito”.
La audiencia de hoy será clave para determinar si el Fideicomiso puede continuar aplicando el cobro completo o parcial por estas infracciones.
